Una presunta red de ocho funcionarios fue desarticulada por el Servicio Nacional de Migración, luego de que se detectara, mediante una auditoría, que “negociaba” la entrada al país de personas con alto perfil delictivo.
La directora de Migración, María Cristina González, aseguró que a estos empleados se les negó la fianza de excarcelación, debido a que “su proceder atentó contra la seguridad del Estado”.
“Por hacer esos actos de bajar y subir las restricciones migratorias, a estos funcionarios se les estaba pagando y todo está en la auditoría forense”, expresó.
Reveló que en menos de ocho meses se ha puesto a órdenes de las autoridades competentes a 50 funcionarios por el presunto delito contra la administración pública, al tiempo que afirmó que todos están a órdenes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
“Estas personas de perfil delictivo entraban y salían del país, y esto lo muestran los registros”, reiteró.
Asimismo, aseveró que existían más de 35 denuncias en la DIJ contra los ex empleados, de que supuestamente recibían pagos para que estos sujetos estuvieran en el territorio.
“La auditoría se realizó entre el 2007 y 2010, y en esto nos estamos basando para interponer las denuncias”, resaltó.
Estos funcionarios se suman a los otros 10 que fueron denunciados el año pasado ante el Ministerio Público, por autorizar la emisión de visas a ciudadanos de China Continental sin la debida autorización del Consejo de Seguridad y del despacho superior.
En ese momento, la director del Servicio Nacional de Migración denunció que en el departamento de Visas Autorizadas operaban “carteles o mafias” de funcionarios que, en conjunto con firmas de abogados, facilitaban los documentos.
Las investigaciones concernientes a este último caso revelan que los funcionarios publicaron una lista de 15 visas, cuando ya se había anunciado que todos estos trámites los iba a verificar el Consejo de Seguridad.
