Varias de las acusaciones que argumenta la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de la fiscal Vielka Broce, en el caso de la compra de comida deshidratada con fondos del PAN, son inválidas y faltas de pruebas, dijo la abogada Edna Ramos.
La jurista, apoderada legal de Adolfo De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que hasta el momento, ninguna autoridad médica ha probado que dicho alimento, que iba ser destinado a niños de escuelas públicas, representaba un peligro a la salud estudiantil.
"No hay ningún dictamen médico en tal sentido; y en segundo lugar, si hubiése un reporte médico, ella no es la competente para investigar delitos contra la salud", expresó Ramos.
En este mismo sentido, aseguró que la fiscal Broce estaría cometiendo un delito de usurpación de funciones...
Ramos explicó que durante la audiencia contra nueve imputados en el caso PAN, realizada el pasado lunes en el Segundo Tribunal Superior de la Corte Suprema, todos los abogados defensores demostraron que las acusaciones carecen de verdades.
"Desnudamos las mentiras de la fiscal, cada uno de los abogados profundizó en los análisis jurídicos en diferentes aristas", fueron sus palabras.
La jurista manifestó que no hay dudas de la persecución política, que existe contra exfuncionarios de la pasada administración y que todas las denuncias sobre la supuesta existencia de clanes que se dedican a cobrar 'coimas', por presuntos casos de corrupción, son verdaderas.
"Esto es algo sin precedentes; es por eso que Interpol no va a ejecutar ninguna órden de Panamá, porque hemos demostrado que contra nuestro representado, hay una evidente persecución política y abuso de autoridad", añadió.
Al final de esta audiencia, Borce pidió llamamiento a juicio para los nueve imputados en este caso: Susy de Varela, Giacomo Tamburelli, Ángel Flamiguetti, Rubén De Icaza, María Fábrega, José Luis Suárez, Lucy Molinar, Adolfo De Obarrio y Gioconda Torres de Bianchini.
Broce los acusa de corrupción de funcionarios, peculado, estafa y fraude en contrataciones públicas.
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