Un grupo de despedidos con la Ley 25 protestó ayer frente a la Presidencia de la República exigiendo el pago de 3 mil dólares para cada uno de los 270 trabajadores separados de sus cargos durante el mandato del ex presidente Guillermo Endara.
La protesta, según los manifestantes, buscaba hacer un llamado de atención a la Presidenta de la República para que delegue funciones al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Cancillería para que resuelvan lo concerniente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de fiel cumplimiento y que autorizó el pago.
De acuerdo con el coordinador de los despedidos, Manrique Mejía, desde hace un mes se venció el plazo para hacer el primer pago y no hay respuesta concreta para cancelar los daños ocasionados a los trabajadores.
"Vemos con preocupación que si esto, que es lo menos en el caso, no se ha cumplido, será más difícil el reintegro de los trabajadores, por lo cual, mientras no se produzca ese reintegro, cada mes que pasa la deuda del Estado se va a incrementar a cientos de miles de dólares", enfatizó.
Expresó que en las próximas semanas tomarán algunas otras acciones de presión para que lo más pronto posible se haga efectivo el pago.
"Panamá ahora mismo está en un desacato a un fallo internacional que ratificó y en base a eso tomaremos las medidas que van a presionar para que el Gobierno cumpla en el menor plazo posible", el coordinador de los despedidos.
