Los ex servidores públicos que fueron destituidos en 1990 mediante la Ley 25 protestarán a partir de hoy, en los predios de la Cancillería y de la Presidencia de la República para denunciar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige el pago de sus prestaciones laborales por el orden de B/.60 millones.
Las protestas se extenderán hasta el próximo 3 de junio, fecha en que sesionará en esta capital la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Los trabajadores serán apoyados por varios grupos de Derechos Humanos que van a tener una serie de actos denunciando incumplimientos, reveló el vocero de los ex servidores, Manrique Mejía.
El dirigente también mencionó que denunciarán ante la opinión pública al canciller Samuel Lewis Navarro, por señalar que el Estado no está obligado a cumplir la sentencia y que los ex trabajadores deberán adecuarse a lo negociado.
La administración actual se comprometió el año pasado a darle B/.20 millones a los ex servidores, pero dicho pago aún no se ha hecho efectivo.