Un grupo de trabajadores despedidos de sus cargos mediante la denominada Ley 25 de 1990, hizo un llamado a los sectores populares del país a emitir un voto contrario al candidato presidencial del Partido Solidaridad, Guillermo Endara.
Rolando Miller, vocero de las víctimas, responsabilizó al ex presidente Endara de la aplicación de la ley "más criminal" que se haya podido aprobar en Panamá en contra de los intereses de los trabajadores.
Dijo que en esa ocasión los obreros marcharon en defensa de sus derechos, pero fueron acusados de conspirar contra el Gobierno y promover un golpe de Estado con el apoyo del entonces coronel Eduardo Herrera.
Según el dirigente Miller, todos los trabajadores al momento de hacer uso del derecho al voto tienen que recordar que la norma legalizó el despido de cerca de 240 funcionarios de diversas entidades estatales, lo que impidió que muchos pudieran hacerle frente a sus compromisos financieros, de viviendas, escolares y trajo hasta problemas conyugales.
Denunció que en conversaciones con los trabajadores, el ex presidente Endara reiteró que si tuviera la oportunidad aprobaría nuevamente una ley en ese sentido.
Expresó que los obreros salieron defraudados de esa reunión, porque el ex mandatario no se comprometió a respetar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con respecto a las indemnizaciones.
Miller recordó que al menos 14 trabajadores despedidos con la Ley 25 fallecieron sin haber recibido la indemnización autorizada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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