El uso ilícito de las franquicias, valijas y correos diplomáticos, o de las inmunidades y privilegios inherentes al cargo, son parte de las causales que motivan el despido de funcionarios, contempladas en la nueva ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además de estas razones también, la adquisición de otra nacionalidad, el incumplimiento de leyes del país en que se encuentra el funcionario y la utilización del cargo o recursos para realizar actividades partidistas o personales, son motivo de despido, entre otras.
La nueva ley, la cual está firmada por el presidente, Ernesto Pérez Balladares y el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Ritter, incluye también a aquellos funcionarios que desde 1989 están laborando en el servicio exterior y tenían el carácter de permanente bajo la anterior ley.
Según el articulo 63 del capítulo X, los funcionarios que al derogarse el decreto Ley 10 de 1957 mediante el decreto Ley 1 de 1989, tenían la condición de funcionarios permanentes de la Carrera Diplomática, quedan en igual condición en la actual ley, en la categoría que les corresponde a sus años de servicios y a la labor que desempeñaban.
El documento aclara que a diferencia de antes, todo cargo que resulte vacante será sometido a concurso por méritos, lo que beneficiará a aquellos profesionales de las relaciones internacionales que no han podido optar por la carrera diplomática debido a la falta de concursos por ausencia de la ley.
Por otro lado se divide el escalafón de la carrera diplomática y consular, en donde el orden de precedencia en la rama diplomática inicia con el embajador, ministro consejero, primer consejero, segundo consejero, primer secretario, segundo secretario y tercer secretario.
A su vez en la rama consular la jerarquía inicia con el cónsul general, cónsul de primera categoría y vicecónsul.
Aclara también que aquellos que no pertenecen a la carrera diplomática y consular, pero aspiran a un cargo de embajador deben ser panameños por nacimiento o naturalización con quince años de residencia, no haber sido condenados por delito doloso y poseer reconocido prestigio que le permita representar al país.
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