Como un gasto innecesario y como una bola de humo calificaron juristas la reciente decisión del Ejecutivo de adjudicar un contrato por más de medio millón de dólares a una empresa privada que se encargará de identificar supuestos malos manejos en los fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), corresponderá a la firma Forensic Auditors realizar el trabajo, que arrojará resultados en un término de seis meses. La adjudicación de la auditoría le costará al Estado $792,870, luego de que el MEF celebrara un proceso de licitación abreviada por mejor valor.
Para el grupo de abogados consultados por Panamá América, es potestad exclusiva de la Contraloría General de la República realizar auditorías forenses si lo que se busca es identificar anomalías en el manejo de los fondos públicos, es decir, que es una inversión innecesaria que no tendrá validez ante el Ministerio Público (MP), a menos que provenga de la Contraloría.
Es un despilfarro de los dineros del Estado y un insulto al personal técnico de la Contraloría que está capacitado para ese tipo de trabajo, se lamenta el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de Panamá, Luis Chen González.
El mismo, que es contador público, asegura que el fracaso de la contralora no es sinónimo de que los técnicos de la entidad no puedan realizar ese tipo de trabajo para detectar el fraude que se pudo cometer. Ese dinero debió ahorrarse.
Según dice, el Ejecutivo se contradice en su discurso sobre la contención del gasto público, por un lado hablan de ahorro, pero por el otro acceden a contrataciones innecesarias, destacó González.
Para el jurista Ernesto Cedeño, no puede una empresa privada entrometerse en las funciones de un ente estatal, con rango constitucional, aportó.
A su juicio, esta contratación externa de auditoría al PAN podría considerarse como una lesión al patrimonio del Estado, porque será ineficaz, habida cuenta de que el Ministerio Público inició de oficio ya una investigación en el PAN, añadió el abogado.
Para esta parte de la investigación, anunciada por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de William Parodi, se solicitará a la Contraloría que realice las auditorías, que le servirán al equipo investigador para descartar o aportar elementos que identifiquen si hubo delito o no en el manejo de los fondos del PAN.
Para ilustrar su opinión, Ernesto Cedeño trajo a escena la Ley 32 de 1984, concerniente a las funciones de la Contraloría: Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.
A la que le corresponde por Constitución y ley es a la Contraloría General, compartió el abogado Miguel Antonio Bernal.
Creo que el señor del PAN lo que quiere es hacer ver que está haciendo algo, para que a la gente se le olvide que el PAN debe ser cerrado, concluyó el también constitucionalista.
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