El jurista Silvio Guerra consideró como rápida la instrucción sumarial realizada por el Ministerio Público dentro del proceso de calumnia e injuria presentado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares contra el legislador José Isabel Blandón.
Guerra estimó que dentro del Ministerio Público existen muchos expedientes que permanecen por meses en los despachos de instrucción antes de ser enviados con una calificación a los tribunales de justicia, pero, en este caso, se actuó de forma muy diligente.
El jurista aseguró que en este caso el Ministerio Público cumplió con las disposiciones constitucionales al remitir de forma expedita las sumarias, pero que de igual manera deberían ser manejados el resto de los casos.
Dentro de las consideraciones realizadas por el Procurador José Antonio Sossa, para solicitar el llamamiento a juicio de Blandón Figueroa, éste señala que el acusado aseguró que sus declaraciones contra Pérez Balladares las realizó como legislador y coordinador de la bancada arnulfista, pero que la Constitución no establece como funciones de un legislador poner en duda públicamente la honradez u honorabilidad de las personas.
Sossa también señala que en su declaración indagatoria Blandón Figueroa no logró establecer que Pérez Balladares haya sido condenado por tribunal alguno por la comisión de delito y menos por actos de corrupción.
Según el jefe del Ministerio Público efectivamente Blandón Figueroa, pone en duda la honradez de expresidente Pérez Balladares y le atribuye la comisión de delitos contra el patrimonio y la administración pública.
Además, estimó que durante la investigación el legislador Blandón decidió voluntariamente levantarse la inmunidad legislativa y por ello su despacho adelantó las diligencias correspondientes y remitió el expediente a los tribunales de justicia.
Afirmó que si bien se han hecho buenos nombramientos, también "hay malos", y que mientras los magistrados "sigan saliendo de la mano del Ejecutivo" con la consiguiente aprobación del Organo Legislativo, el sistema seguirá generando objeto de escrutinio público.
Cómo fórmula ideal, propuso que los magistrados sean escogidos por medio de concurso, como lo aconseja la prudencia y como es práctica con el resto de los funcionarios del Organo Judicial.
Molino Mola apoyó la ponencia del magistrado presidente de la Corte, en el sentido de que la falta de personal constituye uno de los obstáculos para una justicia más expedita.
Reconoció que en el sistema faltan unos 200 jueces más, situación que se agrava con el aumento de los litigios que diariamente ingresan a los tribunales y a la propia Corte Suprema.
Luego de su intervención participó el ex canciller José Raúl Mulino, quien reconoció que las reformas al sistema requieren que sean integrales, por lo que primero hay que preguntarse qué se va a reformar y cuál es el Panamá que se quiere reformar.
Reconoció que los jueces manejan más expedientes de los que deben procesar, por lo que propuso la creación de una oficina para la administración del Organo Judicial.
Según la propuesta, debe haber un ente que vele por todos los detalles administrativos no relativos al impartir justicia, para que los jueces se dediquen enteramente a sus tares reales.
En el foro, celebrado en uno de los salones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, hizo uso de la palabra el constitucionalista Humberto Ricord, quien le añadió un toque de jocosidad al encuentro.
Ricord, reconocido por ser un estudioso del sistema, expuso como uno de los obstáculos en la independencia del sistema, la forma como se escogen los magistrados.
Considera inconcebible que alguien tenga en un bolsillo la renuncia a un partido político y en el otro, su nombramiento como magistrado de la Corte Suprema.
En un tono muy pedagógico, pero que a la vez hizo sonreír a los presentes, afirmó que para qué se desea reformar la Constitución Nacional o se invoca una Constituyente si las leyes que existen no se respetan.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez indicó que el gremio apoya los cambios que signifiquen avances en la calidad de la justicia que se merecen los ciudadanos.
En el foro de El Panamá América tanto José Javier Rivera como John Benett, presidentes de la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), respectivamente, reconocieron el aporte del diario al exponer un tema de interés nacional como es el examen del sistema judicial.
Coincidieron en la necesidad de reformar el sistema porque afecta todos los ámbitos de la vida nacional, pero reconocieron la necesidad de que todos los sectores se involucren, pues es una tarea de todos.
Rivera, por su parte, hizo énfasis en que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de garantizar los recursos adecuados para que el sistema funcione adecuadamente.
