El director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, ordenó destituciones, aplicación de sanciones disciplinarias, traslados, vacaciones y jubilaciones a un total de 123 agentes e inspectores dentro de las investigaciones por supuestos actos de corrupción.
Aguilera destituyó a 23 funcionarios, sancionó a 29, envió de vacaciones a 20 y remitió al procurador José Antonio Sossa un listado de 51 funcionarios que serán jubilados.
Además, ejecutó la rotación de jefes de divisiones en Narcóticos, en la Agencia de Colón, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y el Departamento de Investigaciones Criminales.
De los 23 funcionarios destituidos, 16 fueron por la comisión de actos de corrupción, que van desde el cobro de dinero para la agilización de las investigaciones, el empeño del arma de reglamento, apropiación de combustible, actuación parcializada en el manejo de expedientes, cobro de dinero por prestar seguridad durante horas laborales y negligencia en el manejo de fondos asignados a operaciones especiales.
Otro grupo fue suspendido temporalmente por actos de indisciplina como conducta personal indecorosa, abuso en el uso de la fuerza, lesiones personales, pérdida de la placa, del arma de reglamento, incumplimiento de órdenes superiores y daños a la propiedad de la institución.
Igualmente, 29 funcionarios fueron sancionados disciplinariamente con penas distintas a la destitución por haber incurrido en faltas de menor gravedad y se ordenó su inclusión en sesiones de terapia familiar por problemas relacionados con el alcoholismo.
Entre los sancionados con penas distintas a la destitución se encuentran cinco inspectores y 24 detectives, algunos de los cuales fueron trasladados a otras agencias y subagencias del interior del país. Además, se designó a la ex jueza Marcela Gómez Candanedo de Antinori como asesora y vocera de la institución.
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