LOS TRABAJADORES despedidos por la Ley 25 de 1990 formularon un llamado a las autoridades gubernamentales para que cumplan con el mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado a compensar económicamente a los obreros.
La solicitud se da en el marco del "Día Internacional de los Derechos Humanos", que se celebra hoy.
Los afectados alegan que en sus primeros 100 días, el gobierno de Patria Nueva no ha avanzado un solo centímetro en el camino hacia el cumplimiento integral de la sentencia de la CIDH, lo que representa un incremento de aproximadamente B/. 500 mil en concepto de salarios caídos.
Dicen que con esto, Panamá se convirtió en el primer país violador de los derechos humanos de 270 funcionarios del gobierno.
Voceros manifestaron que con la llegada al poder la Patria Nueva, la situación no ha cambiado porque se muestran indiferentes ante la morosidad en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.
Sostienen que luego de la negativa del gobierno anterior, de cumplir con el espíritu del fallo de la CIDH y a pesar de los intentos de acercamiento con la actual administración, desde el 30 de septiembre no han tenido ninguna entrevista con los nuevos funcionarios.
Afirman que esta situación viola los derechos humanos, porque no se ha reintegrado a los trabajadores y tampoco el gobierno proyecta pagar las indemnizaciones a las que tienen derecho.
Por el momento, seguirán esperando que el gobierno panameño cumpla con el mandato de la CIDH.
Destituidos por Ley 25 se quejan del Gobierno
La CIDH condenó al Estado a compensar económicamente a 270 trabajadores y a restituirlos en sus puestos.
