El Consejo de Gabinete decidió ayer aprobar el pago de sólo B/.10 millones 900 mil para los 270 trabajadores despedidos con la Ley 25 de 1990, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien falló a favor de los trabajadores.
El decreto 8 dictado ayer reconoce sólo hasta esa suma, cantidad inferior a la solicitada por los trabajadores y además aprobó la suma de B/. 120 mil como el monto correspondiente a las obligaciones impuestas en el punto 9 de la parte resolutiva de la misma sentencia.
Los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, Trabajo y Desarrollo Laboral y la Contraloría, deberán actuar coordinadamente hasta la ejecución de todos los puntos que comprende la parte resolutiva de la sentencia, señala el decreto.
La Contraloría realizará una auditoría para el proceso de pago de las obligaciones económicas impuestas por la sentencia y el envío de copia del referido decreto al Organo Legislativo, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 195 de la Constitución Nacional.
Asimismo se designó una comisión Ad-hoc para que estudie las tres alternativas propuestas en el punto 7 de la parte resolutiva de la sentencia, consistentes en reincorporar a sus puestos a los trabajadores destituidos o indemnizarlos, para lo cual deberá presentarse un informe con sus recomendaciones al Consejo de Gabinete.
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