El escándalo por el desfalco al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, (FECE), es atribuido a la vulneración de los controles creados para el manejo de estos fondos.
En total se ha reportado la existencia de 172 cheques firmados en blanco y otros 184 inexistentes (no aparecen físicamente).
La auditoría interna del Ministerio de Educación revela que no existía una segregación de las funciones asignadas, es decir que Joaquina María Gallardo tenía acceso simultáneo a la custodia de las chequeras, registro de cheques y a la preparación de las conciliaciones bancarias.
De acuerdo con entidades bancarias, este proceso debió ser realizado por varias personas para evitar las irregularidades en la administración de fondos que generaron la lesión patrimonial de cerca de un millón de balboas.
En la investigación se comprobó que no se cumplía con los controles adecuados para custodiar los cheques pagados por el Banco Nacional de Panamá, (BNP). Se determinó la inexistencia de 184 cheques cuyos importes ascienden a B/. 581,511.19, correspondientes a los meses de octubre a diciembre del 2005; enero, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2006 y de enero a abril de 2007.
La conciliación de la cuenta bancaria mantenía un retraso de más de dos años, observándose que la última conciliación confeccionada era de marzo de 2005.
Los libros de registro demostraron la omisión de 50 cheques girados de la chequera 9001 al 9050, de los cuales "se desconoce su existencia", de por lo menos 19; mientras que otros 31 cheques por el valor de B/.49,740.90, fueron pagados por el BNP.
Un informe Pericial confeccionado por el Departamento de Criminalística, determinó que las firmas de Betzy Guzmán y Yoria de Perea, ex directora y ex subdirectora Regional de Educación de San Miguelito, respectivamente, no correspondían a las encontradas en algunos de los 238 cheques girados sin autorización.
Otra de las personas que se benefició con fondos del FECE, es el padre del docente Teodoro Castillo, con el mismo nombre, quien recibió B/.38,079.99. Se comprobó que no existe solicitud de bienes y servicios, cotizaciones y órdenes de compras que justifiquen el dinero recibido.
Castillo, otro de los vinculados a órdenes de las autoridades al igual que Mitzi Miranda, recibió B/.24,740.00 como persona natural y B/.109,789.18 como persona jurídica.
Aún las autoridades no dan con el paradero de Joaquina Gallardo, prófuga de la justicia, a pesar que este lunes envió un emisario para negociar su supuesta entrega.
