@AntonioSaul27
Pese al acuerdo pactado entre la fiscalía y la defensa del magistrado separado, Alejandro Moncada Luna, ha surgido un nuevo elemento que podría frenar la intención de dar por terminado este proceso.
Se trata de una advertencia hecha por el jurista Ernesto Cedeño en su cuenta de Twitter y que posteriormente profundizó en entrevista concedida a Panamá América.
A juicio de Cedeño, en el caso de que las juezas de garantía establezcan el sitio donde el magistrado separado cumpliría su arresto, se estarían extralimitando en sus funciones.
Explicó Cedeño que según el Código de Procedimientos Penales, la orden de decretar el lugar de arresto de un imputado es competencia de un juez de cumplimiento y, en este sentido, la Comisión de Credenciales no le dio esas facultades a las juezas de garantía.
En entrevista a Telemetro Reporta, la diputada y jueza de garantía Ana Matilde Gómez aseguró que, de admitirse el acuerdo, entre las facultades de este ente está la competencia de establecer el tiempo de prisión y determinar el recinto penitenciario donde debe ir a cumplir la pena Moncada Luna.
Para Cedeño, en vista de que en este proceso no existe la figura de un juez de cumplimiento para llenar este vacío legal, le tocaría al Pleno entrar a debatir el lugar donde sería recluido Moncada Luna.
De no cumplirse el proceso de esta manera, se corre el riesgo de que se presente una denuncia por haberse cometido vicios de ilegalidad, comentó Cedeño, quien agregó que este es un proceso inédito en el país.
Procedimiento
- Audiencia: Las juezas de garantía, desde este miércoles, estaban analizando el acuerdo para definir la fecha de audiencia con el propósito de conocer las motivaciones. Posteriormente, deben entrar a deliberar si se admite el arreglo judicial al que llegaron las partes en este proceso.
- Acuerdo: Alejandro Moncada Luna se declaró culpable por los delitos de falsedad ideológica y enriquecimiento injustificado. La pena es de 60 meses de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años y el decomiso de dos apartamentos. Para ser válido este acuerdo, se requiere la aprobación de las juezas.
