A casi dos meses de permenecer bajo detención preventiva, el abogado Ramón Fonseca Mora no ha hecho referencia a las acusaciones emitidas contra el presidente de la República y sus allegados, tras el allanamiento a la firma el pasado mes de febrero.
A juicio de Guillermina McDonald, defensa del abogado, se trata de un tema político donde sólo él sabe si tiene o no las pruebas de lo dicho, no obstante, aclaró que mientras esté detenido, no podrá hacer nada.
Fonseca Mora señalado en el caso Lava Jato en Brasil, acusó al presidente panameño de haber recibió donaciones por parte de la empresa Odebrecht, y también mencionó al hermano del mandatario, el diputado José Luis 'Popi' Varela y al diputado Adolfo "Beby" Valderrama como los responsables de hacer los ajustes pertinente para la elección de José Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considerándolo una figura 'manejable'.
En medio de fuertes cuestionamientos a la administración de justicia, McDonald recordó que a su cliente se le negó una fianza argumentando la falta de elementos dentro de los expedientes.
La abogada denunció que no se está respetando el estado de derecho por parte de ninguno de los componentes del la administración de justicia. "Yo no se si hay política metida dentro de la justicia, quizás lo que hay es temor, incapacidad o notoriedad de gente que le gusta tener medallas", dijo a Telemetro Reporta.
"En la mayoría de los casos de alto perfil, mucha de las medidas cautelares que se aplican son medallas para personas. Se violan derechos y no se hacen las cosas correctamentes", dijo la abogada de más de 30 años de ejercicio.
Concluyó que se está aplicando detención a personas y ordenando indagatorias, sin identificar un caso en su contra o desconociendo el delito precedente.
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca, permanecen detenidos luego que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenara la medida en medio de una investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en un caso ligado al escándalo de corrupción Lava Jato.
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