La directora de Migración, Ilka de Barés, anunció la detención de cuatro ciudadanos de origen dominicano que viajaban en calidad de polizones en un buque de bandera chipriota procedente de Venezuela y que fueron bajados en el puerto de contenedores de la Evergreen, ubicado en la provincia de Colón.
Según Barés, los polizones subieron a la motonave Nilka, abanderada en Chipre, en el puerto de Río Haina, en República Dominicana, y siguieron su viaje a Puerto Cabello, Venezuela, punto en donde bajaron a tierra y fueron devueltos al barco.
De acuerdo con la funcionaria, luego los polizones fueron puestos a órdenes de la seguridad del puerto de Evergreen y trasladados hasta el Hotel Internacional, de donde los remitieron a las autoridades de Migración.
Los ilegales responden a los nombres de Encarnación Rodríguez Huacal, de 16 años de edad; Anasabio Pozo Campusano, de 29 años; Luis Alberto Solano Franco, de 15 años, y Héctor Méndez Vittino, de 17.
Además se informó que los ciudadanos dominicanos serán deportados hacia su país natal para que enfrenten a las autoridades. Según se informó, los ilegales tenían como propósito llegar a Estados Unidos.
Este grupo de indocumentados es el tercero que capturan durante el presente año. Uno de asiáticos fue detenido en el sector de La Chorrera y otro lo ubicaron en las cercanías de la península de Azuero.
También se investigan varias rutas usadas por los "coyotes" para el traslado de los indocumentados desde Colombia, que tienen intenciones de llegar a territorio norteamericano por tierra.
Las autoridades han dispuesto el reforzamiento de los puestos fronterizos y se efectúan patrullajes por parte del Servicio Marítimo Nacional (SMN) para interceptar las embarcaciones que transportan a los indocumentados.
Asimismo, se le acusa que siendo presidente compró 100 fincas en un solo día. Replica que esta acusación formó parte del expediente de extradición, rechazado por Panamá dos veces. Aclara que las 100 fincas corresponden a locales de dos centros comerciales denominados Novicentros de su propiedad y lo comprobó con escrituras de constitución de los regímenes de propiedad horizontal. Del mismo modo se le sindicó de haber extraído fondos del erario nacional, pero no se aportaron pruebas al expediente.
Por otro lado, los acusadores insisten en que Serrano recibió grandes cantidades de dinero bajo el rubro de gastos confidenciales que se usaron en su período presidencial, firmando simples recibos, para defraudar al Estado. De acuerdo al expresidente, el artículo 35 de la ley orgánica de presupuesto expresa que "los gastos de naturaleza confidencial se comprueban únicamente con el recibo que se extienda al funcionario superior de la dependencia a la que se asigne el gasto". Serrano afirma que dejó los recibos de los gastos confidenciales y que la juez Leticia Lam, que hoy pide su extradición, aceptó años antes que no habían pruebas de gastos fuera de la ley. Según él, ese dinero lo usó en Hogares Comunitarios, gastos especiales del proyecto de paz, auxiliar a hospitales de caridad, viajes de delegaciones culturales y deportivas etc. Nos muestra legajos de copias de recibos, cartas, etc. que especifican los destinos de los gastos presidenciales.
A pesar que por tres veces Panamá no ha aceptado la extradición de Serrano Elías por no haberse probado la comisión de ilícitos, sus enemigos han vuelto a la carga. El fiscal Leal y la jueza Lam han pedido a la Interpol que lo capturen en cualquier lugar del mundo, presentando otra vez las pruebas antes desestimadas. Pero se trata de una estrategia al margen de la Convención de Asilo de Montevideo y es difícil que un tribunal la acoja.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
