Once ex trabajadores destituidos con la Ley 25 fueron detenidos por la Policía Antidisturbios tras cerrar ayer la Vía España, en rechazo al cobro de los salarios caídos ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los ex trabajadores se opusieron al cobro de por lo menos B/.7.8 millones, al considerar que el Gobierno los estaba "presionando" a firmar un documento para que aceptaran una "cifra baja" de dinero y "renunciaran" a cualquier reclamo económico y legal local e internacionalmente.
Cerca del mediodía, los ex trabajadores decidieron cerrar la Vía España, pero a pesar de la intervención del defensor del Pueblo adjunto, Ricardo Vargas, para que fuese desalojada la vía, se mantuvo la medida de presión, lo que obligó a la Policía Antidisturbios a enfrentarse cara a cara con los manifestantes.
De inmediato se produjeron algunas agresiones entre ambos bandos, en donde la peor parte la llevaron los manifestantes, quienes eran reprimidos con la vara de reglamento de las unidades policiales, con la consecuente respuesta de los manifestantes, lo que motivó el posterior arresto de algunos de ellos.
De acuerdo con Manrique Mejía, dirigente de los ex trabajadores, el documento del Gobierno pide que el beneficiado renuncie a cualquier demanda ante la Corte y acepte como bueno el pago de los B/.7.8 millones, cuando lo que se reclama son más de B/.30 millones.
"Aquí lo que se está cometiendo es un abuso de poder, incluso, peor que en los tiempos de la dictadura que ellos tanto critican. Ellos quieren obligar a los ex trabajadores a renunciar a sus derechos, cuando hemos manifestado que no estamos de acuerdo con los cálculos hechos por el Gobierno ", enfatizó.
Por su parte, el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, precisó que no se está presionando a nadie. "Estamos haciendo frente a estos pagos, sacrificando algunas inversiones importantes", sostuvo.
Indicó que el documento señalado por los ex trabajadores como un supuesto mecanismo de presión, es un finiquito establecido por el Contralor de la República. "Si los trabajadores no están de acuerdo con esto, no lo tienen que firmar y pueden acogerse a los procesos legales que quieran", agregó.
Según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar de la protesta, por lo menos 79 ex trabajadores de los 195 que tienen derecho a la indemnización económica, aceptaron sus pagos, recibiendo la suma de B/. 2.2 millones.
Los ex trabajadores con la firma del documento, plantea Mejía, renunciarían al ordenamiento de la Corte Interamericana de que el Gobierno proceda a reintegrarlos.
Los ex trabajadores fueron acusados y despedidos en los años 90 por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado, pero la Corte Interamericana los favoreció el año pasado con un fallo, ordenando al Gobierno el pago de sus salarios caídos e incluso su reintegro.
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