EL FONDO Especial para los Jubilados y Pensionados (FEJUPEN) seguirá debilitándose, al menos hasta el próximo mes de marzo, luego que el proyecto de ley que buscaba su fortalecimiento fuera devuelto a primer debate.
El proyecto establece que las empresas estatales y privadas que presten servicios públicos deberán tener ventanillas especiales para atender a los jubilados y pensionados, además de poner en un lugar visible lo relativo a las normas sobre los derechos que tiene este sector de la población.
Según el documento, que deberá ser discutido nuevamente cuando reanude en marzo el periodo de sesiones ordinarias, las personas naturales o jurídicas que se nieguen aprestar los servicios y benéficos de la ley, pagarán multas de 300 a mil balboas, impuestas por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). Este dinero ingresaría al FEJUPEN.
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