El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Pedro Meilán, se reunió con miembros del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda, para discutir los cambios vigentes a la Ley 29 de 1996 reformada por el Decreto Ejecutivo 9 del 20 de febrero de 2006.
Meilán dijo que hay que cumplir los contratos y garantía en el sector inmobiliario para disminuir las quejas de los consumidores.
La propuesta también incluye un aumento de 75 balboas a mil 559 trabajadores que, por no contar con permanencia, fueron excluidos de ese aumento que recibieron los funcionarios en el 2002.
Los administrativos rechazaron de plano esta oferta y amenazaron en convocar una huelga nacional, si los jerarcas de la CSS no implementan la escala salarial tipo B.
El aumento que piden los administrativos representa un desembolso de B/.40 millones en los próximos 10 años.
