El diálogo entre el gobierno y los indígenas está a punto de romperse, pues ayer se vio interrumpido por el rechazo a las propuestas presentadas por ambas partes sobre las hidroeléctricas y por enfrentamientos en la parte externa de la Asamblea Nacional que dejaron cuatro integrantes de la seguridad de los ngäbes heridos.
Los hechos se dieron en momentos que varios diputados se disponían a salir del Palacio Legislativo y sus vehículos fueron apedreados, lo que provocó la intervención de la seguridad de la Asamblea, que disparó contra los ngäbes, impactando a un indígena en la pierna, a otro en el pecho y a dos más en parte del rostro y las manos.
Los heridos responden a los nombres de Clarber Serrano, de 25 años; Olmedo Pita, de 29 años; Eduardo Carpintero, de 33, y Felipe Caballero, de 24 años.
Los indígenas alegan que no tiraron piedras y que los heridos, que forman parte de la policía de la comarca, conocidos como “bugokais”, estaban instalados en los alrededores del Palacio Justo Arosemena para evitar que sus compañeros tiraran objetos al edificio legislativo.
Mientras, el jefe de la seguridad de la Asamblea, Juan Vallarino, indicó que fueron los ngäbes los que intentaron agredirlos, por lo que tuvieron que realizar tiros al aire y, posteriormente, disparar balas de “paintball” contra los manifestantes.
Negó que hayan usado otras armas para enfrentar a los indígenas, aunque se observó a uno de los agentes de la Asamblea con una escopeta 12 al momento de dispersarlos.
Los heridos, al principio, se resistieron a ser trasladados al hospital para recibir atención médica, aduciendo temor a que se pudiera tomar otra acción contra ellos; pero posteriormente fueron conducidos al Hospital Santo Tomás, después de ser auxiliados por paramédicos del SUME 911 y el diputado Crispiano Adames, quien es médico.
La refriega se dio en el instante en que la coordinadora ngäbe advertía que su permanencia en el diálogo sería evaluada si no se daba una respuesta favorable a su propuesta entregada el miércoles, en la que proponían la cancelación del proyecto Barro Blanco, Tabasará II, así como los concedidos en el río Changuinola, que no fue aceptada por el Gobierno.
Los representantes del Ejecutivo, por el contrario, presentaron otra propuesta que incluía la suspensión por 15 días de la construcción del proyecto Barro Blanco para que se realizara una evaluación técnica en el campo por técnicos del Gobierno, los indígenas, la empresa Generadora del Istmo (Genisa) y la Universidad Tecnológica.
“No es un tema fácil, pero lo hemos incluido en nuestra propuesta y si es una decisión del Estado y es aceptada nosotros la vamos a tomar, para que no le quepa ninguna duda a nadie y se pueda volver a hacer una revisión y que todo el mundo quede tranquilo de que fue lo que se hizo aquí”, destacó el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.
Agregó que el gobierno está cumpliendo con el acuerdo de San Félix, por lo que no contempló nada referente a las otras exigencias de los indígenas de suspender los proyectos de Tabasará II y Chan II.
Después de varias horas revisando la proposición gubernamental, la coordinadora regresó a la mesa de negociación y el vocero, Rogelio Montezuma, leyó su posición en la cual la descartan y exigen una respuesta favorable a la propuesta que presentaron el miércoles.
Acto seguido, intervino el ministro Fábrega, quien dio lectura al análisis técnico sobre la propuesta de la coordinadora, en el cual determinan que es falso que el proyecto Barro Blanco haya aumentado su área de embalse y que se requiera un nuevo estudio de impacto ambiental; mientras que en el caso de Tabasará II, la concesión continúa vigente, ya que el plazo dado a la empresa vence en mayo de 2015 y no ha caducado como afirmaron los indígenas.
Sobre la solicitud de suspender las concesiones en el río Changuinola, el gobierno advirtió que una medida de tal magnitud ocasionaría un sobrecosto superior a los 200 millones de dólares por la sustitución de la generación de energía que se tendría que realizar, lo que a su vez impactaría a los consumidores con un 25% de aumento en la tarifa eléctrica.
Tras los incidentes registrados afuera de la Asamblea, los indígenas procedieron a cerrar la carretera Interamericana en Horconcito, San Félix, Viguí, Pacora y en Boquete.
Los manifestantes señalaron que el cierre es indefinido hasta que haya una respuesta positiva de parte del Gobierno.
