Los gremios transportistas que integran la Cámara Nacional del Transporte en la provincia de Chiriquí, se manifestaron de acuerdo con la solicitud presentada por el subsecretario general de la Asamblea Legislativa, José Dídimo Escobar, para que se investigue la presunta compra de votos por parte de funcionarios de la Dirección de Tránsito del Ministerio de Gobierno.
Tomás Juárez, presidente del organismo provincial, reiteró su posición en contra de dichas pretensiones, por considerar que constituye una clara violación a los reglamentos previamente estipulados y un atentado contra las conquistas logradas a base de mucho esfuerzo.
Explicó que un cupo o un certificado de operación desestabiliza la economía de los transportistas, porque entre más concesiones hay en las calles, menos posibilidades existen para que los actuales palancas o dueños de vehículos, reciban mayores ingresos.
Paralelamente, expresó que la legisladora Mariela Jiménez tiene todo el derecho de solicitar cualquier investigación que desee, siempre que conozca a fondo el tema y cuente con las pruebas para fundamentar lo expuesto.
Las expresiones del dirigente transportista surgen, ante el supuesto desconocimiento mostrado por la parlamentaria, durante los debates del proyecto que crea la Autoridad Nacional del Transporte y que fue calificado por él, como un "vil irrespeto hasta con su propia persona".
El vocero denunció que Jiménez ni siquiera ha leído el proyecto, porque cuando alguien pronuncia: "a mí me dijeron tal cosa", "dicen que ellos no se han tomado la molestia de leer los artículos", es obvio que no conoce a fondo lo allí contemplado.
En tal sentido, subrayó que cuando algún parlamentario ha analizado determinada ley, expone claramente la causa de su oposición y no se basa en rumores para fundamentar el mismo.
"Un legislador debe decir que no está de acuerdo con la ley, porque el artículo tal, dice tal y tal cosa, y por tal motivo pido que se reforme", acotó.
Agregó que Jiménez pretende debatir la ley diciendo "a mí me dijeron" y eso no es lo correcto o lo que se espera de un legislador que fue escogido por el pueblo para que conozca y dé respuestas a sus problemas.
