El Ministerio Público sufrió un nuevo revés, luego que el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmara el sobreseimiento definitivo del delito de blanqueo de capitales a favor del exmandatario Ernesto Pérez Balladares y de otras 14 personas, después de ocho meses que se presentó la apelación en contra la decisión.
Aunque su abogado Luis Carlos Cabezas aún no se ha notificado, informó que el tribunal fundamentó el fallo en que no había elementos probatorios que comprobaran que el expresidente manejó dinero de la empresa Lucky Games, dedicada a las máquinas tragamonedas y de otras sociedades, sin justificar.
Cabezas señaló que Pérez Balladares está tranquilo y satisfecho con esta sentencia, pues considera que el tribunal actuó en derecho.
El fallo del Segundo Tribunal ordenó que se levantaran las medidas en contra del expresidente, ya que actualmente tiene impedimento de salida del país.
La decisión de esta resolución estuvo a cargo de los magistrados Geneva Ladrón de Guevara, Joaquín Ortega y Elvia Batista, esta última la ponente.
El fiscal contra el crimen organizado, Marcelino Aguilar, informó que hasta las 5:00 p.m. de ayer no había sido notificado.
La última medida que le quedaría a la fiscalía en esta batalla legal sería la casación, la cual se debe analizar cuando tenga conocimiento del contenido de la resolución.
El 12 de abril de 2011, el Juzgado Noveno Penal realizó la audiencia preliminar a Pérez Balladares y otras 14 personas, y el 29 de abril decidió absolver al exgobernante de este proceso. La decisión del juez Diego Fernández se basó en que no se comprobó las razones del delito de blanqueo de capitales.
Además, argumentó en su fallo que en la declaración de los imputados no se deduce de forma alguna una conducta relacionada con este ilícito.
Ante esto, el 16 de mayo de 2011, el fiscal contra el crimen organizado, Marcelino Aguilar, apeló la decisión del juez, basado en que los 15 imputados no pudieron justificar el dinero recibido de varias sociedades.
Esta investigación se inició en septiembre de 2009 por el actual procurador general de la Nación, José Ayú Prado, cuando era fiscal contra el crimen organizado, tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que supuestamente reveló irregularidades entre las cuentas bancarias del expresidente y la empresa Lucky Games.
No fue hasta diciembre de 2009, que se le formuló cargos al exmandatario y se le ordenó una medida cautelar de casa por cárcel e impedimento de salida del país, pero en marzo de 2010 se le modificó y se le mantuvo la medida de país por cárcel.
