Los integrantes de los tres órganos del Estado deben comprender que tienen que rendir cuentas y que esto no debe interpretarse como una concesión, sino como un derecho ciudadano. De esta forma se expresaron 18 organizaciones civiles que defienden la Ley de Transparencia y rechazan el Decreto Ejecutivo que reglamentó dicha norma.
Estas organizaciones reiteran la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso interpuesto por la Defensoría del Pueblo para que se declare nulo el citado Decreto Ejecutivo y se favorezca el derecho ciudadano de libre acceso a la información pública.
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