¿Se respetó o no el acuerdo pactado en San Félix, tras las protestas en contra de la minería? Esa es la disyuntiva que mantiene enfrentados a los representantes del Gobierno y de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo Ngäbe-Buglé.
Ahora, los indígenas hablan de que el acuerdo también establecía la cancelación de los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en la comarca y en las áreas colindantes, mientras que las autoridades mantienen su posición de que no fue así.
Lo más cercano que se tuvo del tema se plasmó en el punto 2 del acuerdo que se firmó el 27 de febrero de 2011 entre el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y el líder de la Coordinadora, Rogelio Montezuma. En dicho artículo se estableció la necesidad de crear una ley para prohibir la exploración y explotación de la minería en la comarca Ngäbe-Buglé y proteger los recursos hídricos en ese territorio. En ese documento no se estableció la prohibición del desarrollo de hidroelécticas.
Para darle forma a esta norma, la Asamblea Nacional nombró una comisión ad hoc que presidió el diputado de Cambio Democrático, Fernando Carrillo, y en la que participaron sus copartidarios Edwin Zúñiga y Luis Eduardo Quirós, del panameñismo.
No fue hasta cuatro meses después que este equipo, junto al grupo indígena, logró dar forma a este documento, tomando como modelo una propuesta que presentó la Coordinadora en el que se incluían 12 artículos, que fueron reducidos a nueve, llegándose a acuerdo solo en ocho puntos.
Fue el artículo 5, que versa sobre la cancelación de las concesiones otorgadas para la construcción de proyectos hidroeléctricos, incluso en lugares aledaños, que quedó sin consenso, pero aun así pasó a ser parte de la iniciativa para su respectivo debate en el Órgano Legislativo.
El anteproyecto de ley 8 fue presentado al pleno de la Asamblea el 19 de julio de 2011 por los diputados Jorge Alberto Rosas y Francisco Brea. En su exposición de motivos se consideró positiva la iniciativa porque garantiza la ejecución de actividades que el Estado considera de gran importancia para el desarrollo nacional, sin menoscabar los intereses del pueblo ngäbe, el cual “podrá ejercer controles y beneficiarse de la utilización de sus recursos naturales”.
La consideración de este documento por la comisión de comercio se mantuvo paralizada en los siguientes meses, debido a que, para los diputados, les era más urgente restituir impuestos por la explotación de minerales no metálicos y las sanciones por las actividades ilícitas en este sentido, los cuales fueron eliminados cuando se derogó la Ley 8 que reformaba el Código Minero.
La voz de alerta se dio ante la discusión de este proyecto y volvieron a resonar los tambores de protestas de los indígenas, que temían que a través de este proyecto renaciera la autorización para que empresas de gobiernos extranjeros pudieran explotar la minería en el país, teniendo en cuenta que su propuesta todavía no se había discutido.
Es así que a finales de octubre se firma otro acuerdo, esta vez con el visto bueno de las recién electas autoridades comarcales, en el que los diputados se comprometían a prohijar la iniciativa y aprobarla una vez se iniciara la actual legislatura.
El debate.
Conforme a lo pactado, el 24 y 25 de enero de 2012, se le dio el primer debate al proyecto de ley.
Sin embargo, en el primer día, los diputados trataron de que los mismos indígenas llegaran a un acuerdo, ya que algunos caciques y autoridades regionales, incluyendo al presidente del Congreso General, solicitaban que se suspendiera el debate para que el proyecto fuera discutido por los órganos de gobierno establecidos por la ley de la comarca.
Las diferencias impidieron que los diputados pudieran discutir la propuesta en esa ocasión.
Al día siguiente, como los ngäbes no se pusieron de acuerdo, los diputados decidieron darle el debate al proyecto para respetar los acuerdos, eliminando el artículo 5.
Además, incorporaron otro, mediante el cual se derogaba un artículo de la ley de la comarca que hacía referencia a la explotación de los recursos minerales del territorio y que, a consideración de los diputados, reñía con la propuesta que iban a aprobar.
La votación en la Comisión de Comercio, en la que ese día estaban presentes siete de sus nueve miembros, fue unánime, incluyendo a los diputados opositores Jorge Alberto Rosas, del Molirena, y Crescencia Prado, del PRD. (Ver infografía).
El descontento de los indígenas no se hizo esperar a su salida de la sesión.
Montezuma aceptó que el artículo fue el único que no se consensuó durante la elaboración del documento, pero que aún así, no se les dio la oportunidad de exponer porqué querían que se incluyera en el proyecto de ley.
Por su parte, Hernández manifestó que en ningún momento hubo un cambio en los compromisos adquiridos con los ngäbes y se procedió a eliminar el artículo porque fue el único que no se consensuó durante las negociaciones.
