La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, aseguró ayer que cumplir con los términos judiciales es muy difícil, ya que muchos son irreales y no se les puede dar cumplimiento según lo establecido, por ser demasiado cortos.
Franceschi de Aguilera precisó que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría General de la Nación tienen muchos asuntos que atender y no pueden cumplir con los términos para resolver los procesos judiciales.
La funcionaria manifestó que en los casos de los recursos de inconstitucionalidad se está tratando de manejar con la mayor celeridad posible, pero que aún es muy difícil evacuarlos en los términos establecidos por la ley.
Alegó que no se ha logrado cuantificar el costo en términos económicos de la tramitación de cada proceso judicial, pero que esta cifra debe ser considerable, ya que sería necesario incluir el tiempo para evacuarlos y la cantidad de recursos materiales a utilizar en cada paso seguido por un expediente que ingresa a los despachos judiciales.
Por su parte, el exmagistrado Edgardo Molino Mola se mostró inclinado a la creación de una Corte Constitucional para acelerar el manejo de los recursos de inconstitucionalidad y la designación de un Procurador Constitucional para manejar algunas situaciones como la investigación al Procurador General de la Nación, que a su juicio contiene algunos vacíos.
En el transcurso del pasado año la nueva administración gubernamental decidió eliminar la Sala Quinta de Garantías Constitucionales por considerar que el nombramiento de sus magistrados obedeció a criterios políticos.
No obstante, algunos sectores de abogados han señalado que durante su vigencia la Sala Quinta logró resolver con gran celeridad los recursos de hábeas corpus y garantías constitucionales, que en la actualidad tardan varias semanas.
Los magistrados de la Sala Quinta fueron cesados de sus cargos de manera abrupta y debieron retirarse a sus actividades particulares, tras la desintegración de la instancia.
