El Ministerio Público solicitó ayer mantener cautelada la suma de B/.5 millones dentro de las operaciones Rodríguez Gacha y C-Chase, que se presume pertenecían a los extintos narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha; mientras que el abogado defensor Jorge Hernán Rubio, dijo que aquí se intenta ejecutar un doble juzgamiento.
Abilio Rodríguez, asistente de la Procuraduría General de la Nación, durante su alegato sostuvo que en las pesquisas se determinó la procedencia ilícita de los dineros y que éstos deben ser traspasados a la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Consumo de Drogas (CONAPRED).
Rodríguez aseguró que si bien en uno de los casos se produjo la prescripción del proceso judicial, quedó establecido la existencia de la relación de los dineros con actividades relacionadas con los carteles de la droga colombianos.
Paralelamente el abogado Jorge Hernán Rubio sostuvo que aquí el Ministerio Público intenta juzgar dos veces por el mismo delito a su cliente Roy Antadillas, cuando el juzgado octavo penal declaró la prescripción del proceso.
Precisó que estos fondos deben ser liberados y entregados a su cliente, debido a que existe un pronunciamiento de un tribunal en donde se declararon prescritos los cargos y se le liberó de cualquier tipo de responsabilidad.
El juzgado octavo penal declaró prescrita la acción penal seis presuntos colaboradores del desaparecido narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha a quienes se les acusaba haber depositado en bancos panameños varios millones de dólares producto de trasiego de drogas.
De acuerdo con la resolución del tribunal, las acciones legales contra Luis Alberto Pérez Martínez, Analida Correa Hincapié, Marta Elvira Ospina, Edmundo Vives, Roy Alberto Antadillas y Mauricio Vives quedaron prescritas, debido a que el tipo penal aplicable en este caso es el de aprovechamiento de fondos provenientes de delitos relacionados con droga y que tiene pena de 2 a 8 de prisión y el ilícito se cometió en el año de 1989.
Según la decisión del tribunal que el artículo 93 del Código Penal establece que luego de 12 años de ejecutada la acción delictiva esta deberá considerarse prescrita y que en base a esta legislación se adoptó esta decisión.
En la investigación realizada por la fiscalía de drogas se logró establecer que la organización de José Rodríguez Gacha (alias el mexicano) trasladó desde bancos europeos a Panamá, la suma de B/.20 millones que serían depositados en cuentas locales para huir de las pesquisas realizadas por la DEA en Europa y Estados Unidos.
En el expediente las autoridades establecieron que las sociedades anónimas Nuevo Plutón, Sheridan Business, Ladix Corporation, Fiducorp y Trianon eran de papel y no tenían movimiento comercial registrado y sólo fueron usadas para el manejo de los fondos provenientes del tráfico de drogas.
También se estableció que Mauricio Vives, uno de los sindicados, era la persona que actuaba como agente financiero de Rodríguez Gacha y fue la persona que coordinó el depósito de los fondos procedentes de Europa.
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