Un supuesto mal uso dieron gremios sindicales a B/165 mil 320 provenientes del Seguro Educativo, que se cobra de manera obligatoria a todos los panameños, según informes de auditorías del Ministerio de Trabajo (Mitradel) y de la Contraloría General de la República.
Panamá América tuvo acceso a los documentos que revelan "inconsistencias" en los informes financieros, del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009, de siete organizaciones y federaciones sobre el uso de fondos que le son entregados para "capacitación sindical y educación social".
Estos dineros, presuntamente, fueron utilizados en la compra de bebidas alcohólicas, el pago de cuentas telefónicas residenciales, así como capacitaciones y entrega de viáticos a difuntos.
Los recursos económicos, generados por el cobro del 1.5% del Seguro Educativo a la población, también fueron destinados al pago de un "resort" para un supuesto seminario, y B/816 por 10 toneles de cerveza.
Proceso legal.
El año pasado, el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal de Panamá desestimó la denuncia presentada contra estas organizaciones por el presunto delito contra la administración pública (peculado), en perjuicio del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), adscrita al Mitradel, debido a que dos funcionarias de la Contraloría, al rendir declaración, sustentaron que "no se podía determinar que los dineros no justificados constituyen un perjuicio económico para el Estado".
Esta información forma parte de la nota que, en diciembre, envió la ministra de Trabajo Alma Cortés al entonces procurador suplente Giuseppe Bonissi, para que se diera apertura del sumario por considerar que la investigación fue "pobre e incipiente".
Cortés sustentó que la acción de las auditoras de la Contraloría es "inverosímil y vulnera" el Código Penal; además, que la funcionaria de instrucción "no practicó ninguna diligencia judicial para acreditar los hechos punibles denunciados".
¿Sin perjuicio? Cortés denunció que en el informe se muestra que algunos gremios devolvieron parte del dinero utilizado de manera "indebida", por lo que la Contraloría determinó que con esta acción "desaparece" el delito.
En tanto, el secretario general de Mitradel, Hernán García, afirmó que el monto denunciado disminuyó porque se recibieron en el Banco Nacional depósitos, reintegros y cheques anulados por B/38,216.63, quedando un saldo de B/60,259.95.
Este monto aún se revisa, ya que existe "inconsistencia de la cuenta por falta de documentación".
"Aunque algunos gremios hayan devuelto el dinero, no los exime de la comisión del delito", advirtió.
Manifestó que la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) devolvió B/400 de una factura de mayo de 2008; sin embargo, presuntamente, esto no coincidía con el pago realizado a la empresa que le brindó un servicio.
