Washington.- Una de las incógnitas que se viene analizando en los círculos diplomáticos de Latinoamérica desde hace dos semanas, es por qué Estados Unidos armó ese gigantesco esfuerzo para que Panamá otorgue asilo político a Vladimirio Montesinos, el ex-asesor personal del presidente Alberto Fujimori de Perú.
La versión oficial fue que el ejército peruano montaría un golpe de Estado si Montesinos no salía de Lima tras el anuncio de Fujimori de que convocaría a nuevas elecciones y se saldría del gobierno como respuesta a la crisis desatada por el vídeo que muestra al entonces jefe de inteligencia militar, aparentemente sobornando a un congresista.
Pocos creían en la inminencia de un golpe a favor del desprestigiado Montesinos y las versiones se multiplican estos días apuntando a los lazos que éste tuvo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los organismos antidrogas como la DEA de los Estados Unidos.
No obstante, ni bien salieron a relucir los primeros informes de la crisis que se planteaba en el seno del gobierno de Fujimori, que el departamento de Estado y la Casa Blanca armaron una verdadera ofensiva para que el gobierno panameño ayude a resolver el problema concediendo asilo a Montesinos, aún después de que el Consejo de Gabinete se había pronunciado en su contra.
No solo el subsecretario de Estado, Thomas Pickering inició la gestión con una llamada directa a la presidenta Mireya Moscoso, sino que éste de inmediato solicitó que llamadas similares fueran efectuadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, y cinco o seis presidentes sudamericanos.
En entrevistas con este corresponsal, varios diplomáticos, cuyos presidentes participaron en esta campaña, se expresaron sorprendidos por la envergadura que tomó el operativo.
"Nos preguntamos por qué tanto interés por ese individuo," declaró un embajador que pidió que no fuera identificado con su nombre. "Además de no entender por qué tenía que ser Panamá, al menos que él (Montesinos) tuviera intereses allí (en Panamá), nos sorprendió el afán con que Estados Unidos quiso interceder por este nefasto individuo".
Desde que se montó ese operativo la respuesta más común es precisamente que el departamento de Estado fue solicitado por la Casa Blanca para ayudar a sacar a Montesinos de Lima, debido a los servicios que supuestamente viene prestando a la CIA desde comienzos de los años setenta, cuando supuestamente fue echado del ejército peruano, donde había llegado al grado de capitán, por entregar documentos secretos sobre las relaciones de un gobierno militar izquierdista con la Unión Soviética.
Un artículo fechado en Lima publicado ayer en The New York Times tiende a confirmar esta suposición.
El artículo recuerda como Clinton hace unos años pidió perdón al pueblo guatemalteco por el papel de la CIA en la caída del gobierno constitucional en 1954, como señalando que su gobierno velaría por la promoción de la democracia y de los derechos humanos en su política hemisférica, pero indica que la promesa quedó a medias.
"El auge y la caída de Vladimiro Montesinos, el jefe del servicio de inteligencia del presidente Alberto K. Fujimori, que recientemente huyó para asilarse en Panamá con una manito de ayuda de Washington, sugiere que el cambio de prioridades no es tan grande," dice el artículo firmado por Clifford Krauss.
"Hasta que cayó en desgracia, el Sr. Montesinos desarrollaba sus actividades durante todo el gobierno de Clinton. Mucho después de informaciones creíbles de que fue responsable de tortura, desapariciones y fraude electoral, así como aceptando sobornos de narcotraficantes, la CIA continuaba usándolo como un avaluado informante.
Aún el departamento de Estado, que luchó duramente para lograr una apertura democrática en el Perú, lo usó como intermediario en sus negociaciones con el presidente Fujimori".
El artículo también cita a Elliott Abrams, que fungió como secretario de Estado para derechos humanos durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, criticando los lazos de la CIA con Montesinos.
"El problema está que la gente de la CIA necesita tener información y que la DEA quiere lucirse recaudando transportes de drogas ilegales para lo que necesitan informantes y en todo esto los derechos humanos quedan opacados," dijo Abrams al Times. "Pero viene un momento en que hay que decir "no nos importa si es útil porque es un monstruo".
Dos líderes del Congreso de Estados Unidos, el senador Jesse Helms y el congresista Benjamín Gilman, presidentes de las respectivas comisiones de relaciones internacionales, últimamente llegaron a la misma conclusión.
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