A ocho años de la denuncia y tras considerar que "no existieron pruebas", el pleno de la Asamblea Nacional archivó el expediente por el presunto pago para la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
Se trata de la segunda vez que la Asamblea Nacional ordena el cierre de este expediente. La primera ocasión fue el 30 de junio del 2003.
En esta oportunidad, los diputados concluyeron en que se trató de una denuncia originada en "un bochinche", generado en los pasillos de la Asamblea Nacional y que no había razón para volver a tratar el tema.
Este expediente se relaciona con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la denuncia de compra de diputados para la aprobación del caso del Centro Multimodal Industrial y Servicios (CEMIS).
José Luis Varela, presidente de la Asamblea Nacional, lamentó que, producto de una "bochinchera", se haya invertido tanto tiempo y dinero en una investigación que involucró al Ministerio Público, Órgano judicial y al Órgano Legislativo.
Mientras, Elías Castillo dijo que hay que recordar que existe una máxima jurídica que señala que "lo que no está en el expediente, no existe”.
Destacó que no se trató de un bochinche, sino que fue una denuncia que en su momento hizo la entonces legisladora Balbina Herrera al "calor del debate".
La decisión de la Asamblea fue lamentada por Maribel Jaén, representante de la Comisión de Justicia, quien manifestó que esto refuerza la "cultura de sospecha y desconfianza" que tiene la sociedad en las acciones de las autoridades.
Sostuvo que también es una falta de "coherencia" de parte de la clase política que denuncia hechos sin poder sustentarlos.
Se requiere que exista legitimidad en las acciones de los políticos, y este tipo de actos apuntan hacia lo contrario, expresó.
En tanto, el dirigente sindical, Mariano Mena, señaló que no hay razón para extrañarse por este tipo de acciones de parte de los diputados y la clase política.
“Simplemente, es muestra del contubernio no escrito entre los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No hay razón para que la sociedad se extrañe de algo que se estaba esperando desde hace meses”, puntualizó.
