Un anteproyecto de ley que podría beneficiar al diputado Carlos Afú en las investigaciones que se adelantan en el caso CEMIS, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional el diputado oficialista, Hernán Delgado.
A través de esta propuesta de ley, el diputado pretende dejar claro que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no la Procuraduría de la Nación, los facultados para investigar a los diputados.
De acuerdo con Delgado, la propuesta ha sido consultada con diputados de las bancadas de gobierno y oposición que la apoyan incondicionalmente.
El anteproyecto también dispone que los magistrados tendrán un plazo de cinco días para admitir cualquier querella contra un diputado.
Además, establece que los magistrados tendrán 30 días para tomar una decisión con respecto a cualquier denuncia.
Según el proponente, actualmente hay más de 50 denuncias contra diputados en la Corte, muchas de las cuales están en suspenso, ante la existencia de un "vacío legal" en esta materia.
Aunque el artículo 206 de la Constitución Nacional dispone que es facultad de la Corte investigar y juzgar a los diputados, no existe una norma legal que la reglamente, y por eso el "vacío".
A inicios de este período de la Asamblea Nacional, la procuradora Ana Matilde Gómez presentó un proyecto en el cual se solicitó que esta facultad se le devolviera al Ministerio Público.
Según Gómez, constitucionalmente la facultad de investigación está reservada para el Ministerio Público y es esta institución la que cuenta con la estructura y el personal especializado para asumir esta facultad.
Delgado dijo que su propuesta no va en contra de la Procuradora, lo que en realidad se persigue es dejar claro y sin lugar a dudas a qué instancia corresponde hacer una investigación cuando se denuncie a un miembro de la Asamblea Nacional.
Añadió que una vez se apruebe esta propuesta, todas las denuncias que hayan sido presentadas contra un diputado, ya sea en el ámbito penal, aduanero o electoral, tendrá que ser remitida de inmediato a la Corte para su consideración.
Según la propuesta, cuando se presente una querella contra un diputado, la Corte designará a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de fiscal de la causa.
El anteproyecto de ley dispone que si la querella o denuncia no reúne los requisitos para su formulación, será rechazada de plano.
Entre los requisitos de admisibilidad, se incluyen los datos de identidad, domicilio y firma del querellante, así como los datos de identificación del querellado y su domicilio. Igualmente se necesitará una relación precisa, clara y circunstancial del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.
El documento dispone que en la fase de investigación y en la del juicio, corresponderá al pleno de la Corte conocer sobre la procedencia y la aplicación de toda o cualquier medida cautelar restrictiva de la libertad personal del diputado y de la orden de aprehensión o secuestro contra los bienes de los diputados.
