Diputados plantados

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Alvarado, calificó como una "irresponsabilidad" de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, el no atender por segunda vez el llamado para que vaya al pleno legislativo a exponer su posición sobre el proyecto que busca restablecer la emisión del récord policivo.
Molesto, Alvarado cuestionó que Gómez, a pesar de habérsele citado en dos ocasiones, no ha ido al pleno ni ha enviado a ningún funcionario en su representación.
"Nos estamos atrasando en la discusión de los proyectos de ley, y ella es una de las que más nos critica. Aquí hay una irresponsabilidad por parte de la procuradora, en mi opinión", expresó.
La ausencia de Gómez, según Alvarado, es un "irrespeto" porque en el pleno hubo por lo menos seis diputados en orden para hablar sobre el proyecto, pero no pudieron hacerlo porque querían hacerle preguntas a la procuradora y no estaba.
"Estamos dispuestos a avanzar, pero si lo aprobamos después nos dicen que fue arbitrariamente", expresó.
Recordó que la Alianza Ciudadana Pro Justicia hizo muchas recomendaciones y señalamientos, pero los diputados hicieron caso omiso a lo planteado por la directora de esa organización, Magaly Castillo.
También manifestó cómo los medios advirtieron de los errores que se estaban cometiendo, a los que tampoco se les hizo caso.
Al respecto, Mercedes Araúz de Grimaldo, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, dijo que si la tendencia en el Código Penal iba hacia el aumento de penas, se debía aplicar para todas las conductas delictivas.
Además expresó que el aumento de penas se debe aplicar también para los delitos de calumnia e injuria.
Con respecto a la objeción, comentó que ésto ya es una potestad del Presidente.
La Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, también pidió el 9 de marzo de 2007 al presidente Martín Torrijos objetar parcialmente el proyecto de Ley del Código Penal.
Se han hecho observaciones contrarias a las aprobadas por la Asamblea Nacional, en delitos contra la administración pública, la propiedad intelectual, la salud pública, el honor, la violencia doméstica y la sustitución de la pena principal.