Una nota salió del letargo el pasado lunes, ocasionando que el director anticorrupción investigara a un asesor del ministro de Economía y Finanzas, por "posibles actos de corrupción administrativa". Ya el jueves, la carta dormitó nuevamente, porque el asesor resultó absuelto.
El domingo 9 de abril, Panamá América publicó que había intentado entrevistar Herbert Young de la Dirección Anticorrupción para saber si estaba enterado de una posible irregularidad de práctica privada abogadil, gestada por un asesor del ministro. Young respondió el lunes 10, con una "réplica".
Este rotativo dijo que de haber mediado una entrevista, a Young se le hubiera preguntado si sabía de un asesor de alta jerarquía, quien supuestamente había solicitado un trámite de actividad privada abogadil, a un funcionario, a quién después Young recomendó sancionar por un hecho similar.
El abogado Guillermo Morales era un funcionario que se sintió forzado a renunciar de su cargo de Auditor Fiscal I en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, después que Young le endilgara en un escrito fechado en febrero, una actuación "éticamente incorrecta".
Morales, el funcionario afectado, dijo que Young le informó que el ejercer como abogado, y estar laborando dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, "era violatorio a la Ley y al reglamento interno, que le impedía gestionar en las dependencias y departamentos de esa Institución".
Morales ha rechazado los cargos y ha interpuesto una denuncia ante el Ombusdman. Contrapuso que se ha urdido una "patraña" contra él, y que en el Ministerio existen funcionarios con "mando y jurisdicción que ejercen y pertenecen a firmas de abogados...". ¿Se refería al asesor legal aludido?
Como se dijo, a la pregunta del Panamá América, Young respondió con una "réplica" asegurando que en el ejercicio de sus funciones públicas no ha tenido discriminaciones al momento de conocer los casos que se le ponen en conocimiento, por lo que rechazaba señalamientos malintencionados.
Finalmente, se pudo hablar con Young el lunes 10 de abril, y allí se le formuló la interrogante adelantada el domingo. El funcionario no dio muestras de saber sobre el tema, por lo que se le presentó una documentación obtenida por este medio, cuyo contenido validaba una duda para investigar.
Y así fue. Young inició ese mismo día una investigación y al terminar sus pesquisas, el jueves 13 de abril de 2000, cursó una carta al ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, presentando los resultados de la investigación iniciada tras la presentación de la documentación.
Esta era una carta remitida por el señor Eduardo Márquez, quien era el representante legal de Inter Marketing, Thrifty Car Rental, y él la había cursado a una funcionaria pública llamada Xiomara Brookes, mencionando el nombre de Emilio De León, alto funcionario del Ministerio.
Para entender la duda, se requiere saber que otra documentación presentada por este periodista, y fechada en julio de 1997, mostraba cómo se confería un poder a Emilio De León para representar a la empresa Thrifty Car Rental, elevando un recurso de apelación contra una Resolución.
Tal Resolución era la Número 213-1175 del 9 de mayo de 1997, que fue dictada por la Administración Regional de Ingresos contra la empresa representada después por De León para la apelación. Con esa Resolución se sancionaba a la empresa Inter Marketing Thrifty Car Rental.
La duda planteada residía en que la documentación cursada por el representante de Thrifty, Eduardo Márquez, a Xiomara Brooks, de la Dirección Nacional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, presentaba fecha de 13 de enero de 2000, cuando ya De León era asesor Legal del Ministro.
Copia de una parte del poder, y de la Resolución, además de la carta de Márquez, ya mencionada, fueron entregadas al director anticorrupción. Young dijo en su carta cursada al ministro Juliao que "el periodista Rafael Pérez Jaramillo, presentó a esta Dirección" la documentación firmada por Márquez.
Agregó Young que en virtud de ello se dictó la providencia de 10 de abril, ordenando la correspondiente investigación administrativa, se tomó declaración jurada a Márquez y se acopió al expediente el proceso que se le siguió a la empresa Marketing INC en la Dirección General de Ingresos.
Young informó al ministro que la última actuación de De León en este caso (de la empresa sancionada), tuvo fecha de 19 de diciembre de 1997 y que Márquez utilizó el nombre de De León para agilizar la búsqueda del expediente en la Dirección de Ingresos, sin que De León "estuviese enterado de ello".
"Por esta razón, es por lo que consideramos que no existe responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole que se le pueda atribuir al Licdo. Emilio De León", termina diciendo en su correspondencia cursada a Juliao, el Director Anticorrupción. Así las cosas y de no irrumpir alguna nueva información, este caso queda cerrado.
OPINION LEGAL SOBRE EL CASO
En un Memorándum de la asesora legal, Marian Quirós, cursado a Herbert Young, se concluye que la declaración jurada de Márquez explica las motivaciones de la nota que envió mencionando el nombre de Emilio De León.
Esa declaración "desvirtúa" los señalamientos que pudiesen endilgársele al Licdo. De León.
"Estimamos que de lo actuado no surge para el funcionario ningún tipo de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole". En el memorándum fechado 13 de abril de 2000, se exponen antecedentes.
Se dice: "En virtud de documentación presentada a esta Dirección por el periodista Rafael Pérez Jaramillo, del diario
