Trabajadores administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) acusaron ayer a la Junta Directiva de la entidad de estar subordinada a los empresarios y al Gobierno, tras pedir el retiro del proyecto de ley para penalizar la evasión de cuotas obrero-patronales.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja (ANFACCS), Gerardo González, es cuestionable la conducta "irresponsable" que está asumiendo la Junta Directiva. "Esta es la segunda vez que esta junta toma medidas en contra de la misma institución", sostuvo.
Recordó que a final del 2002 la Junta Directiva acordó con el Gobierno la disminución del presupuesto de la institución y en esta ocasión pide retirar un proyecto de ley que es iniciativa de las organizaciones populares. Sostuvo que la Junta Directiva fue presionada por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y el representante de la Contraloría ante esta instancia, César Tribaldos.
Explicó que es claro que este organismo está funcionando en contra de los intereses de la institución, pues existen evidencias de que el Gobierno tiene "sus manos metidas" en las decisiones que asume la Junta Directiva.
"Es sabido que el representante del sector público ante la Junta Directiva, Roberto Valencia, responde directamente a los lineamientos de la Presidenta de la República, al igual que el presidente de la Junta Directiva, Erasmo Muñoz y el señor César Tribaldos, quien responde a las posturas políticas del contralor Alvin Weeden", enfatizó González. A juicio del funcionario, este tipo de comportamiento es "inmoral" y explica la crisis que atraviesa la institución.
Agregó que la administración no ha sabido explicar bien los objetivos de este nuevo proyecto de ley, que tiene el fin de "amarrarle la mano a los ladrones", porque los "empresarios siguen robándose" la cuota obrero-patronal a través de la evasión.
Señaló además que la conducta de la APEDE y la Cámara de Comercio en alianza con el Gobierno, a través de la Contraloría, refleja claramente la agudización de la lucha de clases en Panamá. "Ya está claro que los empresarios tienen una alianza con el Gobierno, para ver cómo liquidan el principio de solidaridad de la Caja de Seguro Social que beneficia a la inmensa mayoría de la población", recalcó.
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