Más de dos mil obreros de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), decidieron ayer separar por completo a la ex junta directiva presidida por José Morris Quintero, así como a la junta de vigilancia.
Igualmente se determinó escoger las nuevas figuras que presidirán esa agrupación.
Desde hace más de dos meses, la cooperativa fue intervenida por el Instituto Panameño de Cooperativismo (IPACOOP), tras considerar que existían supuestas irregularidades que estaban afectando el funcionamiento de esta entidad.
A pesar de ello, aún no se puede levantar la intervención, aseguró Anayansi Hartman, directora regional del IPACOOP, pues explicó que existen circunstancias que se tienen que modificar para que los obreros vuelvan a retomar la administración.
Indicó que la ex junta directiva había pasado por encima de la convocatoria a asamblea ordinaria, a pesar que ya se le había vencido el periodo.
Precisó que además de la aprobación para la salida de la ex junta directiva y la elección de los nuevos miembros, se presentó el informe financiero de la acción que se ha desarrollado desde que esta cooperativa fue intervenida por la institución gubernamental.
Cada día de audiencia lleva a la palestra pública discusiones de todo tenor, de parte y parte.
En el centro penitenciario La Joya, por ejemplo, donde Manjarrez ha estado detenido desde el 2002, uno de sus compañeros declaró que el acusado mantenía relaciones sexuales con otro interno.
El tema ha seguido latente, al punto que el detenido que testificó en su contra dijo también que el victimario de Altafulla repetía una y otra vez que estaba ansioso de que lo declararan "loco" para así salir libre.
La parte acusadora ha traído a colación la nota en la que el acusado, con el propósito de desviar la atención, escribe: "sucios no toques a mis pela"os". Siendo así, hubo "premeditación", estima.
El trabajo de un psiquiatra forense es probar la imputabilidad de un sindicado basado en una evaluación.
Es esa la función de Alejandro Pérez, quien en el caso de Manjarrez decidió declararse impedido por razones éticas. Marco Antonio fue su alumno en la Facultad de Derecho.
El proceso citado por Pérez está sustentado en el artículo 24 del Código Penal que establece que no es responsable penalmente de un hecho quien en el momento de éste no tuviere la capacidad de comprender la gravedad del acto producto de un trastorno mental.
En 11 años de experiencia a Pérez le tocado oír y ver de todo, por lo que advierte que en aquello de "locura temporal" hay que hilar fino.
Deben estudiarse, en ese caso, consideraciones como las características del delito y si hubo ganancia secundaria, es decir, beneficio material o emocional.
Pérez es cuidadoso, no obstante, dijo claramente que quien escoge la víctima, el momento y la forma de operar "es un individuo que no tiene problemas mentales".
En la carrera médica de Nilda Santamaría, psiquiatra general y subespecialista psiquiatría infantil no ha habido un semana en la que no atienda un caso de abuso sexual a un menor. "Es realmente impresionante", dijo con tono de evidente preocupación a El Panamá América.
Los abusadores actúan premeditadamente, tan es así que la galena describe a sujetos que optan por "tocamientos o coitos no orales ni genitales para no dejar evidencias".
Lo cierto es que las alertas pueden ser dadas "cuando un niño es un buen estudiante y de momento su rendimiento empieza a bajar, igualmente si el niño rechaza lo que antes le producía alegría como salir con determinada persona o tal vez si se resiste a ser acostado para examinarlo o tiene las piernas muy tensas como tratando de proteger sus partes íntimas", es entonces cuando deben tomarse cartas en el asunto e investigar.
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