La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) resolvió interponer acciones legales en contra de cualquier persona que haya atentado contra el honor de sus miembros con denuncias de corrupción.
Por su parte, Mauro Zúñiga denunció que estas acciones "represivas e intimidatorias" van encaminadas a destituirlo a él y a Guillermo Pérez Silva, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS, quienes se desempeñan como médicos en la institución.
Zúñiga explicó que "actualmente se han despilfarrado en corrupción 200 millones, desde la evasión de la cuota obrero patronal, adquisición de equipos súper valorados y compra de medicamentos con acciones que están al margen de la ley".
Indicó que hay "irregularidades y corrupción", ya que ni siquiera los militares se atrevieron a emitir una resolución de esta naturaleza.
La directiva de la CSS considera que "ha sido objeto de injurias e irrespetos, a través de los medios de comunicación" y se deben interponer las acciones legales correspondientes.
Siendo así, el diferencial es subsanable en menos de 10 ó 15 años, pero hace falta una estrategia de política económica orientada a promover la reconversión de los rubros productiva y competitiva de rubros sensibles.
Por ello es que durante las negociaciones hay que lograr niveles de protección que sean razonables para que el productor nacional se adecué y haga sus ajustes, y medidas de salvaguarda similares a las que logró Centroamérica.
Sin embargo, como lo demuestran las experiencias de otros países, si un productor no puede ser competitivo en un plazo de 15 ó 20 años, lo mejor es que busque otras alternativas de valor agregado como producción orgánica o especializada.
Según lo dicta la tendencia de apertura de mercados, para que Panamá se convierta en un gran país exportador, también debe ser un país importador, aprovechando las ventajas que ello produce, como la adquisición de materia prima a menor costo.
