El Directorio Nacional del Partido Popular (PP), ratificó ayer como nuevo secretario general del colectivo a Erick Fidel Santamaría, tras una votación en la que resultó vencedor por 64 votos a favor, 7 abstenciones y 3 en contra.
Tras la ratificación de Santamaría, Eduardo Camacho, miembro del Comité Político del partido, no descartó la posibilidad de impugnar el proceso electoral. Los tres votos en contra de Santamaría fueron de Edwin Cabrera, Eduardo Camacho y Fredy Amador.
Santamaría hizo un llamado a sus copartidarios para que las peleas entre ellos se hagan a lo interno del partido y no públicamente en los medios. Señaló que el llamado tiene como finalidad evitar desgastarse en discusiones internas. "Queremos dar la lucha política en el marco de la democracia, pues lo que hay en el partido es un ejercicio pleno de la democracia; cada uno expone con convicción, pero cada uno acepta los resultados", agregó.
Santamaría ocupará el cargo hasta el 2004, en reemplazo de Milton Henríquez, quien renunció. En este sentido, Eduardo Camacho afirmó que los estatutos fueron quebrantados, por lo cual no descartó la posibilidad de presentar un recurso de impugnación. Mientras que el excandidato presidencial y miembro del PP, Eddy Vallarino, rechazó las aseveraciones de Camacho y lo acusó de buscar notoriedad en los medios de comunicación.
Precisó que los resultados de la votación fueron sometidos al Comité de Ética, que por unanimidad determinó que lo actuado por el Consejo Ejecutivo del Colectivo (CEN) es correcto.
"Lo único que hay son personas que buscan crear controversias precisamente y únicamente para estar en los medios, los números hablan por sí solos", acotó.
"Recordemos que el jefe de la Policía es un político partidista y como tal es un hombre totalmente entregado a la voluntad política de un sector político y de quien lo designó allí. No tiene un compromiso constitucional con su cargo, sino un compromiso político", opinó. Indicó que si son cinco "jefes reales" los que controlan la Fuerza Pública es más difícil fraguar planes que atenten contra los intereses del país, y especialmente contra el orden constitucional, añadió.
"Este es el motivo por la cual los gobernantes se hacen de la vista gorda y mantienen la concentración de poder en un solo hombre", anotó. En una situación así, recalcó, hay que recordar la sabia advertencia del pensador italiano Lord Acton: "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente".
Ebrahim Asvat dirigió la Policía Nacional desde septiembre de 1990 hasta abril de 1991, cuando el Partido Demócrata Cristiano se desligó de la alianza oficialista de aquel entonces. Este intelectual con astucia de calle, como lo define el ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón, aseguró a este medio que cuando Juan Chevalier fungió como ministro de Gobierno y Justicia se perdió la supervisión de ese ministerio a la Policía Nacional, mientras que con su homólogo Raúl Montenegro y el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, la Policía adquirió total independencia.
Si bien el director seguía siendo un civil, se perdió la dependencia que tenía del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Policía quedó como una entidad independiente y bajo la autoridad del presidente de la república. De hecho, el ex director policial José Luis Sosa, era amigo personal de Pérez Balladares y no respondía a Raúl Montenegro como ministro de Gobierno y Justicia, sino al presidente.
En ese momento se rompió el nexo entre la Policía y el Ministerio de Gobierno y Justicia, señaló. Asvat se mostró preocupado porque entidades de seguridad, que son sensitivas, como Aduanas, Migración y la Policía Nacional están en manos de familiares. Eso es un error, insistió, que se extiende a la presidenta por haberlos nombrado en posiciones clave siendo parientes, como es el caso de Carlos Barés Weeden en la Policía, Ilka de Barés en Migración y Foster Weeden en Aduanas en el área de Occidente.
Destacó que por sí solo Carlos Barés no tiene poder, pero en la medida en que incida en el nombramiento del jefe del Consejo de Seguridad, Migración, Aduanas, SAN, del SMN, o tenga posibilidades de nombrar a funcionarios en otras entidades, de forma indirecta, entonces sí tiene control desmedido, lo que no es sano para el país.
Carlos Bertrand Barés Weeden nació en Chitré, provincia de Herrera, el 30 de mayo de 1946. Una escueta semblanza institucional resalta sus estudios primarios en la escuela chitreana Tomás Herrera y el curso de estudios secundarios en los colegios San Agustín y Artes Mecánicas.
La información oficial describe su "amplia experiencia" en asuntos de seguridad, por su "contacto permanente con organismos que para tal fin existen en Taiwan y en los Estados Unidos de América, donde ha recibido capacitación en protección, seguridad y administración de recursos policiales...". Fue distinguido con la medalla Halcón por el SAN y con la Orden Manuel Amador Guerrero en 1994, por parte del Tribunal Electoral.
Se pudo conocer que fue conductor del tres veces presidente Arnulfo Arias Madrid, desde el 10 de junio de 1987 hasta la muerte del caudillo. Los legisladores panameñistas del periodo 1984-1989 pagaban el salario de Barés, informó una fuente.
Luego volvió a ser conductor, esta vez de Guillermo Endara, durante la campaña de 1989. No obstante, la semblanza institucional informa que fue el encargado de seguridad. Tras la invasión estadounidense y el establecimiento del régimen democrático, Barés Weeden es nombrado como el primer director del Servicio de Protección Institucional (SPI). Luego es designado por Endara como viceministro de la Presidencia, y por un tiempo dirigió paralelamente el SPI.
La experiencia de Carlos Barés Weeden como funcionario público se remonta a 1978, cuando trabajó como cajero de los Casinos Nacionales. El 7 de diciembre de ese año, diarios locales publican la pérdida de 18,500 dólares de una caja del casino bajo la responsabilidad de Barés. En 1992 la revista Momento divulgó que el arqueo realizado por la firma Young & Young descubrió el faltante y motivó al entonces subjefe de Inspectores de la Contraloría General de la República, Humberto Soto Núñez, a interponer una denuncia.
Paradójicamente, José Luis Sosa -antecesor inmediato de Barés en la Dirección de la Policía Nacional- fungía como gerente general de los Casinos Nacionales en 1978. Sosa fue quien ordenó el arqueo que descubrió la irregularidad. Barés fue retenido cerca de 12 horas, pero luego repuso los 18,500 dólares con dos cheques del Banco de Colombia.
En 1979 Carlos Barés Weeden fue contratado como vendedor de autos en la compañía Toyopan Tesa, del influyente empresario Mario Guardia. Además de su salario, a Barés le correspondía una comisión del 3% de las ventas. Allí Barés se dedicó a la venta de busitos Hi Ace a diferentes entidades. Luego estos vehículos eran habilitados como ambulancias.
La demanda de estos busitos aumentó tanto que Barés estableció su propia empresa dedicada a la transformación de los vehículos. Paralelo a esto, Carlos Barés era uno de los empleados con los contactos necesarios para vender autos exonerados a los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
En una venta de autos a Nicaragua hubo un faltante de miles de dólares. La irregularidad se ejecutó con la alteración de una factura, la cual se presentó como si hubiese sido cancelada, cuando no lo había sido. Sin el sello de cancelada, la persona encargada no podía autorizar la salida de los autos hacia Nicaragua.
Barés laboró en esta empresa hasta 1986, en la cual tenía ingresos de unos mil balboas mensuales. En aquellos años, el actual fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, era el abogadode Guardia en Toyopan Tesa e intercedió por Barés para que no se le despojara de su vivienda, como pago por el dinero faltante, según una fuente muy cercana a la empresa.
Al consultársele sobre el tema, el fiscal Herrera manifestó que las comunicaciones entre el abogado y el cliente son reservadas y no puede revelar información. "La cuestión fue circunstancial porque yo trabajé allí", señaló, y recalcó que tanto Guardia como Barés son sus amigos. Fue después de esto que Carlos Barés ingresó a la Cruzada Civilista.
Desde esa época vive en un área residencial de Hato Pintado. Pero ahora ha decidido mudarse hacia un lujoso residencial en Costa del Este, un área exclusiva que colinda con Panamá Viejo y el Corredor Sur. Su vivienda estará ubicada en un terreno de unos 650 metros cuadrados, uno de los más grandes del sector. El costo de las casas del modelo elegido oscila entre los 305 mil y 400 mil balboas. El político solicitó modificaciones a la suya, lo que aumenta el costo.
El Panamá América trató, durante más de dos semanas y en múltiples ocasiones, de entrevistar personalmente a Barés. Además, se le llamó a su celular, se conversó varias veces con el vocero de la Policía, Didacio Camargo, y por último se le envió un cuestionario, vía fax y correo electrónico. La última llamada fue ayer y Barés argumentó que había preguntas que eran personales y que no debían formulársele.
Finalmente, no se concedió la entrevista ni se contestó el cuestionario, en que se le preguntaba sobre el calificativo de hombre fuerte, sus logros personales, la explicación sobre las supuestas irregularidades en los Casinos y Toyopan Tesa, el motivo del cambio de residencia y sus ocupaciones en el sector privado.
