Las denuncias por casos de discriminación en centros educativos particulares y oficiales por autoridades escolares, amparados por la "supuesta apliación" de reglamentos internos, no son cosas del pasado, advirtió Eunice Meneses, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas.
La funcionaria denunció que una docente advirtió a una estudiante que tenía "trenzas", que estaba obligada a quitárselas "de todas maneras", porque no se encontraba en África.
Explicó que la acción de la docente forma parte de la violencia verbal, a la cual se ven sometidos estudiantes a diario por profesores, inspectores y directores de planteles.
"No puede ser que existan funcionarios que impidan a varios alumnos tener el cabello con rulos", sostuvo la especialista.
Meneses calificó el hecho como una "falta grave" y una violación a los Derechos del Niño y la Niña y a la propia Constitución Nacional, por lo cual, exhortó a las autoridades educativas a tomar cartas en el asunto. Recordó que vivimos en un país multiétnico.
El sistema penal norteamericano, prohíbe introducir bienes necesarios a las prisiones, el centro todo lo provee. De lograrse en Panamá, el número de identificación serviría para adelantar trámites judiciales y administrar hasta una cuenta de bancos; las familias no tendrían que hacerle un supermercado cada cierto tiempo razona Justiniani.
Concretamente, sugiere privatizar algunos de los sistemas de producción y crear zonas procesadoras, donde los recluidos produzcan, combatiendo la ociosidad. Actualmente, de unos 11,000 presos con que cuenta el sistema penitenciario, solo unos 6, 000 participan en proyectos.
Un detenido podría "levantarse de mañana, producir y generar ingresos", asegura el gestor de la propuesta, quien agrega que el aprender un oficio en prisión, también podría garantizarle el sustento cuando sea liberado.
Para comprender la propuesta, es imprescindible conocer cómo funcionan las cárceles privadas. Con este método, la empresa está obligada a mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios para convertirlas, por ejemplo, en pequeñas fábricas.
Como en toda empresa, las reglas del juego cambiarían y habría la obligación de garantizar condiciones a los empleados, en este caso detenidos. Los empresarios se beneficiarían de los bajos costos en mano de obra.
De lo descrito, Panamá ha probado algunos beneficios. Justiniani admite que la Dirección del Sistema Penitenciario, tiene contrato con empresas, en lo referente a costura y que muchos artículos de venta en los "malls", proceden de las cárceles nacionales.
No obstante, también estima que en Panamá "estamos atrasados". La tardía aprobación de la Ley 55, es muestra de ello.
Las reglas mínimas que deben regir un sistema carcelario, fueron aprobadas por el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo de 1977; de ahí pasaron 35 años para que Panamá adoptara su legislación, en el 2003.
Según la ONU y la norma adoptada en Panamá, debe existir separación entre los detenidos. Los investigados y los condenados, no deben compartir espacio; "es el principio elemental de la ley", asegura Justiniani.
Justiniani recuerda que el primer punto en la propuesta de "Patria Nueva" fue modernizar la legislación penitenciaria. En una reunión con el presidente Martín Torrijos, éste le comunicó que se necesitarían unos B/. 60 millones para hacerlo y que habría que "sacarlos" de Educación, Salud y carreteras.
A juicio de Justiniani, el dinero donado por la Comunidad Europea bien podría ser usado para este fin; ya que asegura supera los B/. 300,000 millones.
