Miembros de la Asociación de Distribuidores de Armas y Municiones, expresaron ayer su rechazo al proyecto de la Gobernación de Panamá, que establece nuevas restricciones para la venta de armas, asegurando que con esta medida las ventas en el mercado negro se incrementarán y afectará la actividad comercial que desarrollan.
De acuerdo con Rolando González, miembro de la Asociación, las actuales modificaciones a las normas vigentes no son de conocimiento de los distribuidores, sin embargo, es sabido que la gobernadora Irlena Brown quiere establecer una restricción a dos armas por usuario, lo que calificó como muy poco, si quien las porta lo hace responsablemente.
Dijo que los distribuidores traen las armas a Panamá, pagando todos los impuestos y siguiendo los trámites que son muy rigurosos. "La señora gobernadora, por las razones que sean no nos ha recibido nunca, a pesar que hemos reiterado nuestra solicitud para hablar con ella", agregó.
Por su parte, Virginia Murgas, también miembro de la Asociación, manifestó que se les llamó cuando el anteproyecto ya estaba listo. "Y a pesar que presentamos algunas propuestas y modificaciones al proyecto de decreto, a la fecha no hemos recibido información al respecto", añadió.
Actualmente el trámite para la posesión de armas dijo dura de ocho a diez semanas, pero al aumentarse las trabas para la adquisición de armas, no se va a reducir la criminalidad, pero sí va a incrementar el mercado negro, en especial en Paso Canoa donde se pueden conseguir hasta por 100 dólares.
Lo que se debe hacer, señaló, es incrementar las sanciones cuando las personas cargan un arma ilegal, para que el delincuente tenga temor de portarla. "Actualmente se sanciona hasta con 50 dólares a quien porta un arma sin permiso, eso es una risa para los pillos, esa ley sí debe modificarse e incrementarse las sanciones", sin embargo eso no se tiene en planes, recalcó.
Según Murgas también se establece como nuevo requisito, que quien vaya a obtener el arma tiene que ser aprobado por un médico general y poseer una certificación de un psiquiatra y de un corregidor, "una persona común y corriente", lo autorice; además de reducir la renovación de los permisos a un año, cuando actualmente se permite la renovación en cuatro años. Además quienes tengan más de dos armas tendrían que entregar las restantes a la Gobernación en un proceso de seis meses.
