El Movimiento Independiente por Panamá (Movin) debe llevar las críticas al Gobierno a la acción, en consecuencia, la dirigencia de esta agrupación debe exigirles a sus agremiados renunciar de sus cargos públicos y a no contratar con el Gobierno de manera directa.
Así lo expresó el catedrático universitario y experto en contrataciones públicas, Ernesto Cedeño.
Las reacciones de Cedeño surgen luego de que dirigentes de Movin, en medios impresos y por las redes sociales dijeron sentirse decepcionados con la Asamblea Nacional y con el Gobierno por la aprobación de la ley de contrataciones públicas.
Esta norma fue duramente cuestionada por todos los sectores, principalmente, porque se permite que empresas con casos judiciales en el extranjero sigan contratando con el Gobierno.
A juicio de Cedeño, las declaraciones de Movin deben darse en consecuencia con los hechos para poder tener credibilidad de parte de la opinión pública.
"Es un asunto de principio hilvanar las palabras con los hechos", destacó Cedeño al argumentar que pareciera que la agrupación solo critica lo que es evidentemente cuestionable, pero ignora los asuntos éticos como el hecho de que miembros de su agrupación reciban ingresos del Gobierno.
Pero a Cedeño no le sorprende, tomando en cuenta que este grupo nace como un movimiento político que en abril de 2014, a un mes de las elecciones, convocara a un acto público para anunciar su respaldo a Juan Carlos Varela para la presidencia de la República.
Producto de estas declaraciones de Movin, en las redes sociales se activaron dirigentes políticos, de la sociedad civil y ciudadanos en general, quienes hicieron fuertes cuestionamientos a lo que se calificó como un doble discurso.
"A los únicos que les cumplió Varela la promesa de -más plata en su bolsillo- y ahora dizque Defraudados. Cuento", fueron las opiniones de la dirigente de Cambio Democrático, Dinoska Montalvo, en su cuenta de Twitter.
Las opiniones generaron reacciones de ciudadanos que coinciden con estos comentarios, argumentando que los contratos jugosos que tienen dirigentes de Movin demuestran que son los únicos beneficiados de este gobierno, mientras "la pobreza aumenta y la Economía stop", según escribió uno de estos.
Las opiniones de los ciudadanos por las redes sociales parecen no estar alejadas de la realidad, cuando se observa cómo, por ejemplo, Juan Antonio Tejada, exfiscal y exdefensor del pueblo, recibe un contrato por más de 170 mil dólares para defender a la ministra del Ambiente, Mirei Endara, cuando esta institución del Estado tiene un departamento de Asesoría Legal con 13 abogados.
Juan Antonio Tejada se ha identificado como miembro activo del Movin y se une a un grupo selecto de integrantes de esta agrupación, que tiene contratos con el Gobierno central y reciben salarios por servicios profesionales, prestados en diferentes entidades.
Arturo Alvarado, exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tiene una opinión particular sobre el tema.
Asegura que el poder ejecutivo ha dado tanto poder a una agrupación que solo tiene diez agremiados, por lo tanto, no representa a la población.
Misma opinión tiene el comentarista radial y televisivo, José Blandón, al hacer una analogía sobre el tema.
"Aún no llenan la cajetita de fósforo en Chitré. Cuando de verdad luchen por los pobres y dejen de jugar a poder la llenarán", dijo Blandón en su cuenta de Twitter.
El comentario trajo reacción de parte de Annette Planells, presidenta del Movin, quien destacó que "si creen que somos tan pocos por qué los ataques de organizaciones, partidos y periodistas".
Jorge Gamboa Arosemena, miembro fundador del gobernante Partido Panameñista, se unió a este cruce de comentarios por Twitter, argumento que coincide con el jurisconsulto Ernesto Cedeño.
"Siéntanse conminados a ser consecuentes con lo que tanto han proclamado", dijo Gamboa Arosemena, en alusión al caso.
Movin ha jugado un papel activo en las decisiones que se toman en los tres órganos del Estado.
Por ejemplo, fue la única organización en realizar entrevistas paralelas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema, a finales del año pasado.
