La Asociación de Profesores de la República denunció que la creación de una Ley General de Salud pondría en peligra el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) de los docentes. Según el dirigente Andrés Rodríguez, este proceso que pone el riesgo la desaparición del PRAA ya inició, pues luego de la remoción del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, también separaron del cargo al administrador del plan, Mario González.
Sostuvo que la remoción de González establece un precedente por la violación de la Ley 54 que rige sobre el retiro anticipado autofinanciable de los educadores. Aseguró que debido a esta situación, los docentes del país se mantienen en alerta y con la posibilidad de promover nuevas acciones de protesta, en caso de que el Gobierno muestre su interés de hacer efectiva la nueva ley.
"Ya esa remoción pone en peligro la Ley 54 de nuestro retiro y lo vemos con preocupación porque el Ejecutivo no puede incidir de ninguna manera en esa ley, violentando de hecho y de derecho la norma", señaló.
Los docentes lograron aspiraciones en su plan de jubilación hace varios años acordando edades jubilación por cinco años menos que el resto de los funcionarios que deben haber cumplido los 62 años para los hombres y 57 para las mujeres para retirarse.
Con la aprobación de la Ley 54, cada educador aporta el 7.9% de su salario para un fideicomiso que administra la CSS, capital que actualmente es de cerca de B/.60 millones. "Ese dinero es de los docentes y no permitiremos jugadas políticas con ese bien", dijo.
El programa de incentivos consiste en llevar las estadísticas individuales de cada detective del área de investigaciones criminales, para determinar el número de casos resueltos y los pendientes que cada funcionarios lleva, con el fin de medir la productividad y conceder incentivos a esta productividad.
Manifestó que los incentivos otorgados consisten en ascensos, becas para estudiar Inglés, diplomas de reconocimientos, licencias sin sueldo para estudios y seminarios dictados por instructores extranjeros. Aguilera destacó que los incentivos deben ser justos y equitativos, además que debe existir proporcionalidad entre la productividad del individuo premiado y el incentivo concedido. Un incentivo concedido a cambio de baja productividad genera desaliento en el resto del equipo de trabajo, agregó.
Aseguró que este sistema de medición e incentivo a la productividad, ha permitido resultados sorprendentes, como por ejemplo: en la Agencia de San Miguelito, que atiende 6 mil delitos por año, se tramitaban 22.8% de los expedientes que ingresaban anualmente, y en febrero del 2003 esta cifra ascendió a 41.85%; en marzo a 48.73%; en abril a 86.95% y en mayo a 90.14%.
Precisó que en la Agencia de Colón, que atiende 2,500 delitos al año, aproximadamente del año 2002 a la fecha el número de expedientes tramitados ha aumentado de 35% a 56%. Indicó que estas cifras para el ciudadano común significan menos delitos, menos delincuentes y más seguridad en las calles.
Manifestó que la PTJ ha concedido incentivos a más de 300 funcionarios de acuerdo a su productividad, disciplina rango y años de servicio. Agregó que se han establecido ya incentivos similares para el próximo año, lo cual va a generar un ciclo de incentivos, motivación y productividad.
Aguilera apuntó que cuando llegó a la institución se encontró que en las agencias había muchos jefes, llegando a existir agencias con 25 empleados y seis jefes. Entonces se aplicó la política de que sólo se permitiría un jefe por agencia, y los demás funcionarios deberían pasar a realizar trabajos operativos, ya sea en el área de investigaciones o en el área de laboratorio, lo que a juicio del director, generó un aumento en el recurso humano sin mayor costo económico para la institución. Señaló que a nivel general de la institución se puede llegar a tener entre 600 y 1,000 empleados en áreas operativas y el resto en actividades administrativas. La PTJ cuenta con 1,400 funcionarios.
Manifestó que anualmente se le da entrenamiento de detective a 50 funcionarios administrativos con el fin de que una vez culminen el curso puedan ser transferidos del área administrativa a las investigaciones criminales.
A juicio de Aguilera, el modelo que ha aplicado no es inventado, sino que es copiado del sector privado. Indicó que en el sector público existen muchas instituciones que no han establecido un mecanismo para medir resultados ni tampoco se han establecido sanciones ni incentivos para los que no producen y los que sí.
"Yo creo que en algunos aspectos hay que incorporar principios del sector privado al público, respetando obviamente la naturaleza del sector público, la cual es la de no producir utilidades ni ingresos económicos sino el bien común", destacó.
Reconoció que para la aplicación del modelo ha encontrado tanto obstáculos internos como externos. A nivel interno destacó que el mayor obstáculo ha sido cambiar la manera de pensar del funcionario, que ha venido trabajando toda su vida con un sistema radicalmente opuesto.
Señaló que en la PTJ todavía hay funcionarios de lo que era la antigua Policía Secreta, el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de la nueva PTJ, en las diferentes etapas de su creación, desde que era parte del Ministerio de Gobierno y Justicia y luego del Ministerio Público.
A juicio de Aguilera, para lograr la ejecución total del programa en la entidad aún falta trabajar más en el recurso humano y en la adquisición de recursos materiales. Manifestó que se debe trabajar en la selección del recurso humano en la etapa de su selección, producción y supervisión.
Por otro lado, destacó que es necesario tener más recurso material, entre los cuales mencionó: automóviles, tecnologías informática, tecnología forense, además de equipos de laboratorios y telecomunicaciones.
Aguilera reconoce que la posibilidad de que renuncie a su cargo para irse a trabajar al sector privado aún existe, debido a que tiene una propuesta de trabajo en concreto. "Tengo que tomarme el tiempo para hacer el análisis y tomar una decisión", manifestó. Reconoció que el cargo de director de la PTJ es un "puesto problemático, complicado y difícil", tanto así que ninguno de los directores que han pasado por el cargo han podido terminar su período.
Manifestó que el director de la institución "recibe problemas de los cuatro puntos cardinales". No obstante, destacó que él aceptó el reto y su mayor logró ha sido el de lograr un cambio en un período corto de tiempo.
"Quiero demostrar que una institución del sistema de justicia puede aumentar su productividad y disminuir la corrupción rápidamente sin gastar mucho dinero", destacó Aguilera como una de sus metas por cumplir.
