El Partido Revolucionario Democrático (PRD), aclaró ayer que la resolución aprobada el fin de semana busca frenar las críticas "mal intencionadas" que tanto daño hacen al colectivo y aseguró que ésta fue aplicada en su momento por el exsubsecretario general, Mitchell Doens.
El colectivo señala que la medida no constituye una mordaza, sino que es la reiteración de una norma que está vigente desde la fundación del PRD, en la que se exhorta a sus miembros a promover el consenso, sobre todo a criticar, pero en forma respetuosa y preferiblemente a lo interno del partido.
Tal como se recoge en una misiva enviada a la presidenta del Tribunal de Honor y Disciplina, Susana Richa de Torrijos, a la cual tuvo acceso El Panamá América, fechada el 16 de octubre de 1997, que lleva la firma de Doens, se solicitaba de manera inmediata acciones conducentes a tratar los casos que se ventilan ante la opinión pública entre copartidarios, donde se compromete la imagen y unidad del partido. Según la nota, la moción presentada y aprobada llama a todos los copartidarios para que se detengan las polémicas públicas y presenten sus denuncias, en caso de que existan, al Comité Ejecutivo Nacional.
Añade que le corresponderá al CEN solicitar al fiscal el inicio de las investigaciones que aclaren las supuestas onductas indebidas que pudieran estar desarrollando sus copartidarios. Agrega que los casos concretos que ustedes abordarán, según los lineamientos emanados del CEN y el CDN, son los de San Miguelito, La Chorrera y el de Aldo López Tirone.
Por su parte, el secretario del CEN, Rafael Mezquita, indicó que las razones que motivaron la resolución es el enorme "daño" que se hace a la organización con las críticas ácidas constantes, lo cual limita las posibilidades de triunfar en las elecciones del 2004.
Además de esta joven, otros chicos son educados en esta casa cural, pero aún no se confirma si éstos también fueron víctimas de las supuestas seducciones del sacerdote.
El estupro se da cuando surgen relaciones carnales con un adolescente con más trece años y menos de 17 años, esto no acarrea detención, pero sí una medida cautelar.
El delito, si se comprueba, se castiga de uno a tres años de prisión y si la persona que lo cometió es tutor o un ministro de culto, entonces la pena se duplica, según el artículo 219 del Código Penal.
El caso se complica porque el hecho lo comete un sacerdote, que según la ley, debe, como supuesto padre de la menor, correr con los gastos de alimentación prenatal si la menor o sus familiares así lo solicitan, según el artículo 1959 del Código Judicial.
Nos fue imposible conversar con el Monseñor Uriach Asley de la Diócesis de Penonomé, ya que supuestamente no se encontraba en el Obispado. Se le llamó en varias ocasiones, pero no se hallaba.
Se nos informó que el sacerdote está bajo medida cautelar, lo que le prohíbe abandonar el país, alejarse de la víctima, tener casa por cárcel, notificarse al despacho judicial, pero aún no ha rendido declaración alguna, pues exige hacerlo en presencia de un abogado.
Aunque no conversamos con el monseñor Asley, pudimos confirmar que la iglesia católica está solicitando un abogado o defensor de oficio para que atienda el caso y defienda al sacerdote, lo que ha creado grandes críticas en algunos penonomeños que tildan a la iglesia de "padrina" de estos actos.
Por su parte, la representante del corregimiento de Río Hato, Alda de Fernández, prefirió no hacer comentarios, aunque aceptó que se trata de algo delicado y bochornoso.
Mientras que el director del Primer Ciclo de Río Hato, José González, expresó su preocupación por el caso, ya que según informó, la menor hizo su primer año en este plantel el pasado año con buenas calificaciones.
