La Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), determinó que el exlegislador y expresidente de la Asamblea Legislativa, Celso Carrizo, no cometió lesión patrimonial alguna contra el Estado ni ningún otro tipo de delito que le sea imputable, por tanto ordenó el archivo del expediente que data desde 1995.
La DRP inició una investigación contra el ex legislador Carrizo, además de Luis Martínez Cruz y Arminda E. Chang de Barés para esclarecer el uso y destino de B/.25,840 durante el período comprendido del 1 de septiembre de 1988 al 30 de agosto de 1989, cuando el legislador ocueño fue presidente del Organo Legislativo.
El informe de los auditores con respecto a este caso establece que durante la presidencia de Carrizo, se giraron 37 cheques que fueron destinados a atender necesidades no propias del parlamento, pero al mismo tiempo resaltaron que de los 37 cheques, 27 fueron aplicados a las partidas presupuestarias correspondientes y los recursos del Estado están debidamente respaldados por las correspondientes facturas.
Sin embargo, los diez restantes no estaban respaldados por facturas, de manera que se "comprobó la existencia de varias irregularidades en los mismos, tales como la utilización de firmas y números de cédulas en los endosos que no corresponden a las personas beneficiarias de los cheques.
Los cheques objeto de análisis por parte de la DRP fueron refrendados por la auditora de la Contraloría General, Nivia Navarrete, quien sustentó que los cheques en cuestión fueron refrendados por instrucciones del Despacho Superior, algunas veces por escrito en otras por vía telefónica.
La vista de la DRP sostiene que "luego de analizar los elementos nuevos de convicción que constan en autos, con el detenimiento que corresponde al concluir el proceso, el Tribunal constata que los mismos no constituyen plena prueba para emitir una resolución de cargos contra los procesados.
El fallo de la DRP liberando de responsabilidad a Carrizo, Martínez y Chang de Barés, ordena igualmente el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas contra los procesados el 19 de octubre de 1999.
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