Conflicto de intereses y serias dudas de imparcialidad son algunas de las fallas cometidas, tras la designación de Kenia Porcell como procuradora general de la nación.
A esas conclusiones han llegado juristas consultados por Panamá América, tras conocerse, mediante un documento, que Kenia Porcell laboró durante los seis primeros meses de gobierno como jefa de Asesoría Legal del Consejo de Seguridad.
El documento, que lleva la rúbrica del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Rolando López Pérez, confirmó que la procuradora Porcell laboró en la entidad desde el 2 de julio, cuando se inició el gobierno de Juan Carlos Varela hasta el 30 de noviembre, tras su designación como jefa del Ministerio Público.
A ello se suma que durante esos cinco meses devengó un salario de 5,000 dólares mensuales, más la designación de un vehículo tipo 4x4.
Para el abogado Carlos Carrillo, la procuradora Porcell debería declararse impedida en casos específicos de alto perfil que en estos momentos se investigan en el Ministerio Público, al hacer alusión al caso de espionaje telefónico.
A juicio de Carrillo, la procuradora no puede intervenir en este proceso y debería declararse impedida para dar instrucciones.
El motivo es que Porcell fue parte interesada en este proceso, ya que la investigación se generó de una denuncia que presentara el actual secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López, cuando ella era la secretaria de Asesoría Legal y segunda en mando de la entidad.
Sin embargo, Porcell firmó una resolución que crea una fiscalía especial para investigar los casos de espionaje telefónico.
El hecho de que la procuradora sea la superior inmediata de los funcionarios de instrucción que fueron asignados a esta fiscalía genera serias duras de imparcialidad, según Carlos Herrera Morán, uno de los juristas consultados.
Herrera Morán, quien forma parte de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, dijo que en un principio el cuestionamiento fue por falta de consulta, contrario a la promesa de campaña del presidente Juan Carlos Varela, quien se comprometió en nombrar a un procurador de consenso.
Ejecutivo está evitando llamar a asamblea constituyente
El gobierno de Juan Carlos Varela está cometiendo los mismos hechos que criticó del gobierno anterior, dijo el abogado Carlos Herrera Morán, por el nombramiento de un funcionario dentro de la administración de justicia que sale de las filas del Órgano Ejecutivo.
Herrera Morán y Carlos Carrillo reconocen que jurídicamente no hay un impedimento, porque la Constitución lo permite.
Por esta razón, se aboga por las reformas constitucionales, a través de la asamblea constituyente que el propio Varela prometió en campaña. “El Ejecutivo le está jugando la pacheca a la constituyente”, dijo Herrera Morán.
Injerencia
- Reacciones: El abogado Alejandro Pérez asegura que la confirmación de que Kenia Porcell salió del Consejo de Seguridad, lo que denota la intervención del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia.
- Denuncia: Las denuncias por espionaje telefónico fueron presentadas por el actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, cuando Kenia Porcell hacía las veces de directora de Asesoría Legal de la institución y era considerada la segunda en mando en la entidad.
