El proyecto de pensión vitalicia para los afectados con medicamentos contaminados con dietilenglycol, que anunció ayer el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, no es visto con buenos ojos por el dirigente de los pacientes, Gabriel Pascual, pues se opone a los mecanismos y forma utilizada.
Ayer, en el informe de gestión a dos años en la institución, Sáez-Llorens hizo una serie de anuncios en beneficio de los jubilados, funcionarios, así como de los asegurados, y proyectos a futuro para preservar la institucionalidad de la CSS.
Uno de ellos es la pensión vitalicia para afectados y familiares.
Mientras Sáez-Llorens ve la medida como una compensación por las afectaciones que la Caja de Seguro Social provocó a las personas que tenían un salario fijo y dejaron de percibirlo, y un sustento para los dependientes por el fallecimiento de sus familiares, para Pascual debe ser el Estado el que lo haga, para lo que ya el Comité ha establecido montos entre $953 hasta $2500.
La CSS.
Según Sáez-Llorens, la compensación saldría del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para lo que han presupuestado $100 millones al año.
Sobre el número de beneficiados, dijo que dependería de la cantidad de personas que le confirme la Fiscalía, y para establecer la cifra, iría “un poco más allá de lo que plantea la Ley 51”, es decir, el salario que devengaba la persona.
Comité.
Pascual, quien es dirigente del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, plantea que habría que reformar la norma.
Dice que existe un documento en el que consta que para que el afectado o familiar reciba la pensión, deberá renunciar a demandar al Estado.
“Sáez Llorens no ha dicho toda la verdad”, afirmó.
Señala que se tendría que tomar en cuenta: cómo se calcularía la pensión a un menor que nunca ha cotizado; a un pensionado, pero afectado; un no asegurado, cuáles serían los estudios actuariales y a quién se le daría la pensión si el fallecido tiene 4 ó 5 hijos.
Rafael Medina, dirigente de los jubilados ante la Junta Directiva, dijo a Panamá Américaque están de acuerdo en que hay que hacer algo, pero sin perjudicar a la institución porque primero está la ley.
