Dulio Arrocha, junto a su abogado César Guardia acudió a la Fiscalía Decimoquinta de Circuito, pero se acogió al artículo 25 de la Constitución, en donde se establece que nadie esta obligado a declarar en su contra.
La defensa de Arrocha alegó que presentará una petición a la fiscalía para que su cliente pueda viajar a Bogotá, Colombia, en busca de la documentación que los certifica como abogado y que lo liberara de cargos.
En marzo del 2006, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia prohibió a Arrocha abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, y le ordenó presentarse cada 15 días a la secretaría del despacho.
En tanto, la fiscal decimoquinta, Haxciria Henríquez, sostuvo que no es necesario la declaración indagatoria de Arrocha para culminar la investigación. Sostuvo que su despacho se encuentra próximo a remitir el expediente al tribunal de la causa para ser valorado por el juez.
Se estableció que la fiscalía recibió a través de una asistencia judicial solicitada a Colombia toda la documentación de la Universidad Nacional de Bogotá, la cual señala que Arrocha nunca cursó estudios de derecho y ciencia políticas en ese centro de estudios superiores.
Se desempeñaba como magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.
En su momento funcionarios de los despachos del Órgano Judicial en Azuero, dijeron haber sido presionados para servir de fiadores en préstamos gestionados por el ex magistrado.
También existió preocupación por los alumnos de Arrocha, ya que no saben si los créditos son validos.
