La Corte Suprema de Justicia justificó la separación del cargo de la procuradora Ana Matilde Gómez, argumentando que busca evitar “la contaminación de las pruebas, garantizar la comparecencia de la funcionaria ante las autoridades competentes” y su posible sanción de prisión.
La resolución, a la cual tuvo acceso el diario Panamá América, señala que “tratándose de un delito de naturaleza grave debidamente comprobado con la providencia de 17 de agosto de 2005”, dictada por ella sin “tener las facultades constitucionales”.
Advierte que las medidas cautelares impuestas son “idóneas, necesarias y proporcionales a la gravedad del hecho”.
Los cinco magistrados que votaron a favor de las medidas cautelares contra Gómez, destacan que esta "goza de una alta investidura en el sistema de administración de justicia y eso contempla la posibilidad de ejercer actos tendientes a evadir su obligación de comparecer al proceso".
A Gómez se le aplicó además un impedimento de salida del país sin autorización judicial.
El procurador de la Administración encargado, Nelson Rojas, pidió a la Corte aplicar ambas medidas cautelares, para "evitar que se contaminen las pruebas".
Entre los fundamentos jurídicos planteados por la Corte Suprema de Justicia destaca que cuando no se respetan las garantías fundamentales, “su incumplimiento produce efectos delictivos”, como la intercepción o grabación de llamadas, sin orden judicial.
Agrega que "estos podrían ser delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores o contra la inviolabilidad del secreto".
"Se trata de un delito doloso, por cuanto el sujeto activo actúa con conocimiento y voluntad", indica la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
