Ecuador, uno de los cinco países en comercializar con la Zona Libre de Colón con reexportaciones por el orden de los B/. 372 millones durante el año 2001, ha pedido a sus suplidores en este sector comercial cumplir con los requisitos del país sureño para el ingreso de mercancía.
El negocio de las empresas de la zona franca panameña con Ecuador es uno de los más importantes, pero las trabas para la introducción de mercaderías son estrictas, porque se pide detalladamente una descripción de los artículos y la realidad del valor declarado.
Raúl Moreira Rivera, analista económico de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AU), explicó que tras la realización de la exposición comercial en Ecuador se informaron de inconvenientes que tienen los compradores al momento de retirar las mercancías, al no cumplirse con los requisitos gubernamentales ecuatorianos.
Moreira señaló que Ecuador pide al igual que otros países, una inspección previa de la carga, verificando que el costo sea real y no alterado, productos de calidad y se declare en documentos lo que va dentro del contenedor.
"Ellos revisan la factura para que se cumpla con las especificaciones del comprador, igualmente el precio para que no se realicen subfacturaciones", señaló.
Según Moreira, la AU ha ilustrado a las empresas y compañías que trabajan en el envío de carga al país sureño, cuáles son los requisitos que solicitan las autoridades de esa nación y no tardar la entrega de la carga a los compradores. "Muchas veces la mercancía llega y permanece hasta diez días porque falta algún documento", manifestó.
Explicó que se busca corregir el inconveniente que influye en gastos extras que debe hacer el cliente por el tiempo que su carga permanece en los patios de almacenajes por algún trámite inconcluso. "Estos son detalles técnicos que no tienen efectos tan drásticos y más bien de costos extras", detalló.
Agregó que representantes de las empresas Bureau Veritas, Cotecna y SGS, que trabajan con Ecuador como verificadores de la carga hacia esa región, explicaron a los representantes de las empresas de la Zona Libre cuáles son los requisitos que deben hacerse para una entrega expedita de los productos reexportados.
Desde que se eliminaron las partidas circuitales, los más afectadas han sido esas comunidades pobres que por ser tan pequeñas no son incluidas en las obras de infraestructura que por lo general desarrolla el gobierno.
Alvarado dijo que se construyen caminos de penetración, pequeños acueductos, se reparan escuelas y se dota a los planteles de equipo y computadoras.
Reconoció que el problema ha estado en el manejo de estos fondos y las presuntas situaciones de corrupción que se han dado, pero afirmó que las mismas pueden ser superadas con una reglamentación y con mayor fiscalización de parte de la Contraloría General de la República.
Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alvarado dijo que para evitar problemas legales, se podrían incluir como obras comunitarias u otra forma en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, como se hacía en el pasado.
El legislador aclaró que contrario a lo que mucha gente piensa, las partidas circuitales nunca han sido incluidas en el Presupuesto General del Estado, tampoco son manejadas directamente por los legisladores.
Aclaró que las partidas se incluyen en el presupuesto del MEF y que su ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de la República como sucede con todos los fondos del Estado.
Durante el último año en el que se ejecutaron las partidas circuitales se creó el Programa de Desarrollo Social (PRODESO), oficina que estuvo a Cargo de José Vence, quien fuera el último director del Fondo de Inversión Social (FIS) durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Vence explicó que ante los cuestionamientos que se hacían por la ejecución de las partidas, la misma Asamblea Legislativa decidió poner un orden en el uso de las partidas circuitales" que dio lugar a un acuerdo para la reglamentación del uso de estos fondos.
Durante el último año de ejecución de las partidas circuitales, se estableció que a más tardar el 31 de marzo de cada año, los legisladores debían presentar un informe de la ejecución de sus proyectos de desarrollo social del año inmediatamente anterior.
Según Vence, se estableció que al legislador que no presentara el informe no se le haría el desembolso de su partida circuital del año en curso, lo cual permitió un control bastante efectivo sobre el uso de estos fondos.
También se dispuso en las reglamentaciones que las adjudicaciones de los proyectos de desarrollo social se regirán por la Ley 56 de 1995 (Contratación Pública), a excepción de los que se ejecuten en los municipios, los cuales se regirán por sus leyes especiales, además los fondos de los proyectos sería destinados y ejecutados principalmente en el circuito electoral que representa el legislador. No obstante, podrá utilizarse para invertir en proyectos de carácter provincial o nacional, hasta un máximo del 25 %.
Estas fueron sólo algunas de las normas incluidas en la reglamentación para el uso de las partidas, los legisladores que abogan por el restablecimiento de las partidas circuitales han planteado que se puede incrementar la fiscalización en conjunto con la Contraloría de la República para evitar el mal uso de estos fondos.
