Una demanda de nulidad contra las elecciones celebradas en el Consejo Municipal de Panamá el pasado lunes fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por los nueve concejales del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El concejal Armando Salazar, quien resultó electo como presidente del Concejo en la primera elección realizada el jueves 10 de los corrientes, dijo que la segunda convocatoria hecha para el día 14 era totalmente ilegal.
Según los miembros del PRD en la votación realizada el jueves 10 el honorable representante Armando Salazar resultó electo por una votación de 10 votos a favor y 9 en contra, y por ello fue proclamado como nuevo presidente del Concejo, y luego la sesión fue suspendida mediante un receso declarado cuando se estaba eligiendo al vicepresidente.
También señalaron que el día 14 se reanudó la sesión extraordinaria sin una convocatoria legal y en la misma se propuso y aprobó declarar la nulidad de un voto por la supuesta ausencia del sello del Consejo Municipal, y éste le fue descontado a Salazar para declarar un empate con el candidato del oficialismo Julio Crespo.
Según los demandantes, durante la sesión del lunes 14 la propuesta de anular el voto por la falta del sello del Concejo no fue secundada por ninguno de los involucrados en el proceso de votación y no se procedió a su discusión en una abierta violación al reglamento interno del Concejo aprobado mediante Acuerdo No. 8 de 27 de marzo de 1979.
Dentro del recurso se establece que se violó el reglamento interno, ya que luego de proclamar al nuevo Presidente del Concejo, cuatro días después, al reanudarse la sesión se procedió a anular un voto y a ejecutar una segunda elección. Es decir, se ejecutaron dos elecciones para el cargo de Presidente en un mismo período.
Los demandantes solicitaron a los magistrados de la Corte Suprema que una vez acogido el recurso se proceda a la suspensión de los efectos del acto impugnado de admitir y votar una propuesta para declarar la nulidad de un acuerdo anterior, que conlleva la nueva elección realizada.
El abogado Carlos Carrillo, representante legal de los afectados, aseguró que ya existe un precedente en este tipo de casos, cuando en el año de 1997 la Corte, bajo la ponencia del magistrado Arturo Hoyos, declaró ilegal la elección del Presidente del Consejo Municipal de Coclé.
Carrillo afirmó que en la primera elección celebrada el día 10 los representantes de corregimiento que consideraron se había cometido algún tipo de ilegalidad durante el proceso, debieron acudir ante las instancias judiciales correspondientes para anularlas, pero se ejecutó una acción unilateral y derogó una acción ejecutada por ese mismo cuerpo.
Estimó que esa acción violó el reglamento interno del Consejo Municipal, por lo que se invalida el segundo acto de elección.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, consideró ayer como un planteamiento de carácter político el eventual enjuiciamiento de la mandataria Mireya Moscoso en la Asamblea Legislativa por la supuesta violación del artículo 186 de la Constitución Nacional.
Precisó que si bien los dirigentes del PRD barajan la posibilidad de llevar a juicio a la jefa del Ejecutivo, todavía no están seguros de tener en sus manos un caso jurídico legal que les permita aplicar esta medida.
"El enjuiciamiento de un gobernante tiene que ser un hecho excepcional, no se puede estar propiciando este tipo de eventos porque se puede estar contribuyendo a la no gobernabilidad del Estado", argumentó Guevara.
En tanto, el expresidente Guillermo Endara calificó la celebración de un eventual juicio en contra de la mandataria como un hecho ridículo, destacando que con esta acción el PRD está asumiendo el papel de "payaso nacional".
"El PRD cree que está aprobada la práctica del fraude en el país y que se pueden hacer elecciones fraudulentas, y que tenemos que aguantarnos la mecha como decían los militares, pero se equivocan", indicó Endara.
Por su lado, el segundo vicepresidente Dominador Kaiser Bazán afirmó que este tema hay que manejarlo con mucho cuidado, aunque consideró poco probable que esta demanda logre tener acogida legal.
De igual manera el asesor presidencial, George Weeden calificó como un "pataleo de ahogado" la demanda que tiene prevista interponer el PRD en contra de la presidenta Mireya Moscoso por supuesta violación de la Carta Magna.
Weeden reconoció que durante la elección para escoger al presidente del Concejo se sentó en el escritorio de la entonces presidenta del ente edilicio, Mabia Muñoz, pero negó que esto sea una intromisión en los asuntos internos de esta entidad y aseguró que se sentó en este lugar porque tropezó y perdió el balance.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
