Educación disminuye víctimas por desastre

La educación ciudadana es fundamental para que los municipios puedan afrontar con menos riesgo los casos de desastre natural, dijo Jorge Rivera, especialista en comunicación educativa y ex representante de UNICEF en Ecuador, Costa Rica y Argentina.
En el Foro Centroamericano Expresión Local y el Derecho a la Información, que concluyó ayer en un hotel de la ciudad capital, Rivera habló sobre la importancia de que la gente sepa qué hacer en caso de inundación, incendio, temblor o derrumbe.
La comunicación y el acceso a la información son estrategias básicas para articular localmente las políticas públicas, señaló Rivera.
"Responsabilizamos al presidente de la República si estos artículos se convierten en ley de la República", advirtió.
"Eso es un absurdo", dijo, aduciendo que "en el famoso tema del enriquecimiento ilícito no es cierto que se han disminuido las penas, sino que se mantienen las mismas que están establecidas en la norma vigente, y que en su sentido agravado va hasta 10 años de prisión".
"Esos que plantean excesos, están jugando con la estabilidad política del país, porque para ellos sería ideal un artículo donde se dijera que es delito ser funcionario público", argumentó.
La reducción de las penas para los delitos de enriquecimiento ilícito no fueron los únicos cambios cuestionados durante la aprobación de este proyecto.
También se criticó el que sean beneficiados con prisión domiciliaria las personas condenadas que superen los 70 años de edad, independientemente del tipo de delito que haya cometido.
Inicialmente, la Comisión Codificadora proponía esta medida para aquellos casos de personas condenadas cuyas penas no superaran los cinco años de prisión, pero ahora quienes hayan cometido hasta homicidios y peculado por sumas millonarias, serían beneficiados.
Llamó la atención que los diputados acortaron el periodo para la prescripción de la pena privativa de la libertad, que en el Código Penal vigente señala que equivale al doble de la pena que está señalada en la sentencia.
En el proyecto, aprobado ayer, se estableció nuevamente que la prescripción será el equivalente a un término igual al de la pena señalada en la sentencia.