El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, José García, reconoció ayer que existe molestia y preocupación entre las organizaciones magisteriales porque el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso no define su posición en cuanto al tema de las jubilaciones especiales.
García reveló que si bien no existe un acuerdo sobre las jubilaciones especiales entre el gobierno y los educadores, todavía hay tiempo suficiente para lograr una solución consensuada sobre la materia.
Por lo anterior, indicó García, los gremios educativos plantearon a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, la conformación de una comisión bilateral integrada por representantes del gobierno y de los docentes.
Manifestó que adicionalmente solicitaron una reunión con la presidenta Mireya Moscoso, "porque es importante que el Organo Ejecutivo defina su posición en un tiempo perentorio con respecto a las jubilaciones de los educadores".
Sostuvo que la propuesta presentada por el gobierno en la reunión del pasado viernes fue rechazada por los gremios magisteriales, porque esta fue elaborada por Simón Terani, quien fuera designado como actuario por el ministro Pablo Thalassinos en la famosa Comisión de Alto Nivel que nunca llegó a nada en la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Empero, advirtió que se hicieron los señalamientos necesarios para que la propuesta que emane del Ejecutivo pueda ser considerada por las organizaciones magisteriales.
En este sentido, apuntó García, se señaló la necesidad de que el sistema sea solidario y subsidiario, a diferencia de la propuesta de Terani que está fundamentada en el aporte individual.
Asimismo dijo que se planteó que se tomen en cuenta los dineros que mantienen los educadores en el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones (SIACAP) y la necesidad de que el gobierno haga un aporte sustancial, "sobre todo para solidarizarse con los educadores que se encuentran a más de la mitad del camino de ese período de jubilación".
Advirtió García que los educadores no están rechazando el aumento de las cuotas, "porque entendemos que el educador sí debe aportar algo más, pero que este aporte debe ser cónsono con su realidad económica".
