El presidente fundador del diario [B]La Prensa[/B], Ithel Roberto Eisemann, politizó ayer el proceso de secuestro de 35 fincas que ordenó la Dirección General de Ingreso (DGI), por supuesta evasión fiscal, alcance que suma más de 3 millones de dólares.
“Esa es una decisión de Ricardo Martinelli. No hay duda de que el señor Cucalón es un instrumento de Ricardo Martinelli, incluso, un instrumento por encima del ministro de Economía, porque él tiene su autonomía directa con Ricardo Martinelli. Estas son decisiones de Martinelli personalmente...”, dijo en una entrevista que ofreció a [B]Telemetro Reporta.[/B]
Eisemann amenazó a Cucalón con demandarlo penalmente por extralimitación de funciones. “Hay varias cosas que vamos a hacer en el campo jurídico, obviamente vamos a hacer toda la defensa del caso, pero además, ya hemos llegado a la conclusión de que es hora de demandar penalmente a Cucalón para que haga frente personalmente, por el resto de su vida, sobre los abusos que está cometiendo, no solo con nosotros, lo de nosotros es lo de menos, sino con decenas de empresarios ”.
En tanto, el director de la DGI, Luis Cucalón, aseguró ayer: “Estoy claro con mi conciencia” y agregó que el empresario está en su derecho de actuar legalmente si así lo considera.
Cucalón no dio mayores detalles del proceso, tras señalar que la ley le impide hablar de los casos que lleva adelante su despacho. “Este no es el primer hotel ni la primera cosa, yo no soy político, yo estoy para recaudar plata y que todo el mundo pague por igual. No me importa quién es quién, he secuestrado desde CD, perredistas, panameñistas, me tiene sin cuidado el partido. Vamos a ver por qué el mismo Eisenmann dice que él tiene, tiene y tiene”, dijo.
Informe de la SIP no mencionó ataques de medios sociales
En su edición de ayer La Prensa cerró su noticia de portada, en la que se hablaba del secuestro a las fincas de Roberto Eisenmann, diciendo en forma textual que "desde noviembre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) determinó –al analizar la situación de la libertad de expresión en Panamá– que los principales medios y periodistas del país son objeto de algún tipo de amenazas, y citó específicamente casos de auditorías fiscales y ataques a través de medios sociales". Sin embargo, en el informe que se aprobó en la última reunión de la SIP, en abril de 2012 en España, no se hace mención alguna sobre “ataques a través de medios sociales”.
A continuación, informe completo de la SIP sobre Panamá:
La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió una sentencia que abre la posibilidad de la integración de una nueva instancia judicial, denominada Sala Quinta o Sala de Garantías Constitucionales.
La Asamblea Nacional intentó reglamentar dicha instancia, pero el resultado fue fallido, hasta el momento. El proyecto de ley de reglamentación aspira a limitar el ejercicio de una prensa libre, pues con un texto vago podría permitir una interpretación que impida el libre acceso a información sobre actos de corrupción o malos manejos del Gobierno de turno y, también, otorgaría facultades para restringir el acceso a sitios web y redes sociales.
El Diálogo Nacional por la libertad de expresión que fue convocado por el Gobierno Nacional, con la mediación de la Iglesia católica panameña no se concretó.
El 6 de noviembre, cuando se dirigía a su residencia, fue asesinado Darío Fernández Jaén, educador, abogado, político, periodista y comentarista radial. Hasta el momento no hay elementos que indiquen que el homicidio tenga vínculos con su desempeño profesional como periodista. No obstante, el Ministerio Público y la Administración de Justicia no dieron resultados de la investigación.
El 27 de diciembre de 2011 el presidente fundador del diario La Prensa, Roberto Eisenmann Jr., denunció ser víctima de una persecución por parte del Gobierno, debido a sus críticas en artículos de opinión. Se trata de un proceso tributario entablado contra empresas en las que es accionista. En rueda de prensa, el jefe de la Dirección General de Ingresos dijo que no existe ningún tipo de persecución, aunque aseguró que no podía profundizar sobre el tema porque la ley se lo prohibía.
Ciertos funcionarios mantienen una actitud hostil y de confrontación contra los medios de comunicación en general. El 2 de enero de 2012, durante la instalación de la Segunda Legislatura del III Periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Nacional, al rendir su informe a la Nación, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, señaló que a los medios “solo les gustan las malas noticias” y “lo único que les da felicidad es lo malo”. También acusó que “los dueños de algunos medios de comunicación”… “los han utilizado para chantajear y amedrentar a presidentes y ministros”.
Continúan existiendo procesos contra periodistas por informar, publicar o difundir información relacionada con posibles irregularidades o supuestos actos de corrupción. El caso más destacado es el de los periodistas Siria Miranda, Kelineth Pérez y Eduardo Lim Yueng, de Televisora Nacional-Canal 2, quienes han sido llamados a juicio por supuesto delito de calumnia e injuria, por la divulgación (en 2009) de una noticia que mostraba imágenes de una cámara de seguridad donde apareció un agente de la Policía Nacional en un acto sospechoso.
En febrero, a propósito de la persecución contra el diario El Universo por parte del Gobierno del Ecuador; el Gobierno de Panamá otorgó asilo al periodista Carlos Pérez Barriga, expresando que lo hacía “con base en las informaciones disponibles sobre su situación de razonable temor por su seguridad personal y de conformidad con lo que establece el Derecho Internacional”. La Fundación Fórum de Periodistas y el Colegio Nacional de Periodistas denunciaron que el presidente de la República, en conferencia de prensa, agravió al periodista Hugo Famanía, quien hacía cuestionamientos sobre la vinculación de este Gobierno en un escándalo recientemente desatado en el país. La Fundación convocó a una campaña a favor del periodista.
